El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha anunciado una intensificación drástica de sus operaciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que ha sido designada oficialmente como una “organización terrorista extranjera”. Esta nueva estrategia incluye un despliegue de medidas judiciales, financieras y migratorias destinadas a desmantelar la estructura de mando de la banda criminal, advirtiendo que las autoridades estadounidenses perseguirán a los implicados sin importar si se encuentran dentro o fuera de las fronteras de Estados Unidos.
Durante una conferencia de prensa celebrada en el Departamento de Justicia, el procurador general interino, Todd Blanche, reveló un nuevo proceso de encausamiento dirigido contra cinco líderes clave del cártel. Los señalados son Julio Alberto Castillo Rodriguez, conocido como “El Chorro”; Hugo Mendoza Gaytán, apodado “El Sapo”; Ricardo Ruiz Velasco, “El Ruiz”; Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”, y Carlos Andrés Rivera Varela, identificado como “La Firma”. Estas nuevas acusaciones se suman a las ya existentes contra otros tres objetivos prioritarios: Juan Carlos Valencia Gonzalez, “El Pelón” (hijastro del fallecido líder “El Mencho”); Audias Flores Silva, “El Jardinero”, y Francisco Javier Gudiño Haro, “La Gallina”.
Como parte de esta ofensiva, el Departamento de Estado ha puesto sobre la mesa una suma superior a los 100 millones de dólares en recompensas por información que facilite la captura de estos ocho líderes y socios del CJNG. De manera particular, la recompensa por la captura de Juan Carlos Valencia Gonzalez, “El Pelón”, ha sido incrementada a 25 millones de dólares. Asimismo, se ha ofrecido una suma de 2 millones de dólares por Griselda Margarita Arredondo Pinzón, quien es media hermana de “El Tarjetas”.
Además de las acciones judiciales y las recompensas, el gobierno estadounidense ha implementado restricciones migratorias severas, procediendo a la revocación de visas para 65 personas identificadas como socios o miembros de las familias de los jefes del cártel. El procurador Blanche fue enfático al señalar que estas organizaciones narcoterroristas son responsables de “innumerables muertes de estadunidenses”, asegurando que el gobierno empleará “toda herramienta” disponible para llevar a los acusados ante la justicia, subrayando que no permitirán que organizaciones terroristas extranjeras se aprovechen del país.
Por su parte, el titular de la Administración para el Control de las Drogas (DEA), Terry Cole, sostuvo que el CJNG mantiene su hegemonía a través de la violencia y la corrupción en territorio mexicano. Cole denunció explícitamente que existen miembros del gobierno de México que actúan como escudos para el liderazgo del cártel, facilitando actividades de narcotráfico, lavado de dinero y violencia. El jefe de la DEA calificó al fentanilo como un “arma de destrucción masiva” y advirtió que su agencia no solo persigue a los criminales, sino también a los funcionarios corruptos responsables de facilitar estas operaciones.
Cole identificó a “El Pelón” como la prioridad central de la DEA en este momento, enviando un mensaje directo al liderazgo del CJNG y a sus aliados políticos: la batalla “apenas inicia” y ningún título, puesto o conexión política servirá de protección frente a la persecución de la agencia.
En el marco de esta conferencia, algunos funcionarios resaltaron los resultados obtenidos durante la gestión de Trump, citando la sentencia de cadena perpetua de Ismael “El Mayo” Zambada y la condena de Joaquín “El Chapo” Guzmán, así como las penas impuestas a dos de los hijos de este último. El procurador general asistente, A. Tyson Duva, afirmó que la presión que desmanteló al Cártel de Sinaloa ahora se aplica sobre el CJNG, destacando que desde el inicio de la administración de Trump se han logrado más de 200 extradiciones y expulsiones.
Un aspecto notable de las acusaciones es que tres de los ocho líderes señalados no solo enfrentan cargos por narcotráfico y tráfico de armas, sino también por un fraude financiero masivo. Se les acusa de estafar en 400 millones de dólares a aproximadamente 6 mil ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos adultos mayores, mediante un esquema relacionado con condominios de tiempo compartido.
Finalmente, aunque se mencionó el trabajo con “socios internacionales”, los asistentes notaron una marcada ausencia de referencias detalladas sobre la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México. Solo al cierre del evento, el administrador de la DEA mencionó que mantiene comunicación constante con Omar García Harfuch, afirmando que ambos buscan lo mejor para sus respectivos países.
