El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha manifestado este viernes su intención de implementar cambios legislativos para impedir que quienes son calificados por su administración como «terroristas y golpistas» puedan participar en los próximos procesos electorales del país. Estas declaraciones, emitidas durante un acto oficial celebrado en la capital, Managua, se dirigen específicamente hacia los opositores y críticos del Gobierno, a quienes el mandatario ya ha privado de su nacionalidad.
Durante su intervención, el líder sandinista explicó que se encuentra trabajando en coordinación con la Asamblea Nacional, organismo que se encuentra supeditado a la Presidencia, para preparar una reforma parcial a la Constitución. El objetivo central de esta modificación jurídica es establecer un marco legal que permita excluir formalmente de las elecciones a aquellos ciudadanos catalogados como «terroristas» o «golpistas».
Ortega justificó esta medida argumentando que es necesario luchar para fortalecer la paz nacional a través de las leyes. Según el mandatario, estas reformas buscan evitar que se otorgue espacio a sectores que, a su juicio, podrían organizar conflictos internos similares a los ocurridos en el año 1856. En aquel periodo, el enfrentamiento entre los dos partidos mayoritarios de la época facilitó que el filibustero estadounidense William Walker se autoproclamara presidente de Nicaragua, una referencia histórica que el copresidente utilizó para sustentar la necesidad de las actuales restricciones.
En esta ocasión, Daniel Ortega matizó las declaraciones que había ofrecido el pasado 19 de julio durante un mitin en Managua. En aquella oportunidad, el mandatario había afirmado tajantemente que «no volverán a haber elecciones» con el fin de evitar que la oposición intentara «atrapar el gobierno» o «atrapar el poder». Sin embargo, en su discurso más reciente, señaló que el Gobierno está trabajando en reformas constitucionales específicamente diseñadas para que en Nicaragua se puedan llevar a cabo elecciones basadas en la soberanía, diferenciándolas de lo que describió como la época de las invasiones norteamericanas.
El mandatario insistió en que estas enmiendas constitucionales son fundamentales para fortalecer la paz, alegando que, mientras su administración busca la estabilidad, los sectores opositores continúan «conspirando para meter la guerra». Ortega subrayó que su estrategia no consiste en imponer la paz mediante estados de sitio o el uso de la fuerza armada («a punta de balazos»), sino en asegurar que dicha paz esté reforzada y respaldada por la ley.
Asimismo, sostuvo que las reformas garantizarán que no existan vacíos legales que permitan a los opositores —a quienes tilda de traidores a la patria o golpistas— lanzar nuevamente «guerras criminales» contra la nación. El copresidente hizo un llamado directo al gobierno de Estados Unidos, instándolo a tener claro que Nicaragua no desea la guerra, sino la paz.
A nivel internacional, las declaraciones de Ortega han provocado una reacción inmediata. La Organización de los Estados Americanos (OEA) informó este viernes que se encuentra estudiando la convocatoria de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la región. El propósito de este encuentro sería evaluar la situación actual de Nicaragua, especialmente tras el anuncio previo de Ortega sobre la posible anulación de los procesos electorales.
Para abordar esta crisis, el Consejo Permanente de la OEA ha programado una sesión extraordinaria para el próximo 5 de agosto. En dicha sesión se debatirá una resolución titulada ‘Convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Nicaragua’. Cabe destacar que Nicaragua ya no cuenta con representación ante este organismo, habiendo abandonado formalmente la OEA en 2023 tras un proceso de salida iniciado por el Gobierno de Ortega.
El rechazo a las posturas del mandatario nicaragüense también se ha extendido a países vecinos como Costa Rica, Panamá y Guatemala, además de haber sido manifestado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Daniel Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años, ostenta el poder en Nicaragua desde 2007. Su gestión ha estado marcada por constantes acusaciones de fraude electoral, persecución política y la eliminación sistemática de rivales para evitar cualquier tipo de competencia en las urnas. Con un total de treinta años en el poder, es el hombre que más tiempo ha gobernado el país; coordinó una Junta de Gobierno entre 1979 y 1985, y ejerció la presidencia por primera vez entre 1985 y 1990, antes de regresar al cargo en su periodo actual, donde copreside el país junto a su esposa, Rosario Murillo.
