Un tribunal de Estados Unidos ha dictado una sentencia que marca un precedente significativo en la justicia del país al condenar a Colin Gray a 15 años de prisión. El hombre fue hallado responsable de negligencia criminal por permitir que su hijo, el adolescente Colt Gray, tuviera acceso al rifle semiautomático tipo AR-15 que utilizó para perpetrar una masacre en la escuela secundaria Apalachee, ubicada en Winder, estado de Georgia, en septiembre de 2024.
Según informó CNN, este caso es el primero en la historia de Estados Unidos en el que un padre es condenado por asesinato debido a su responsabilidad directa en un ataque escolar cometido por su hijo. El fallo judicial establece una línea clara sobre la responsabilidad parental en relación con el acceso a armas de fuego y la gestión de la salud mental de los menores.
El juez Nicholas Primm, encargado del caso, determinó que Colin Gray actuó con una negligencia criminal consciente. El magistrado subrayó que, si bien el padre no participó activamente en la planificación de la masacre ni apretó el gatillo, sus decisiones fueron determinantes para facilitar el desenlace trágico. Durante la lectura de la sentencia, el juez fue enfático al señalar que Gray cometió delitos vinculados a los cometidos por su hijo, describiendo la situación como "particular".
En sus declaraciones, el magistrado Primm aclaró que el hecho de que el padre no supiera que Colt se dirigía a la escuela con la intención de atacar, o que no planeara el crimen intencionalmente, no lo eximía de su responsabilidad. El juez fue categórico al afirmar: “Es evidente que usted falló como padre”. Además, señaló que Gray no proporcionó la terapia psicológica necesaria al adolescente, a pesar de que era obvio que la necesitaba, y que ignoró señales de alerta que eran cada vez más claras.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó pruebas contundentes que acreditaron que Colin Gray le regaló el rifle AR-15 a su hijo en diciembre de 2023 como obsequio de Navidad. Asimismo, se evidenció que el padre mantenía diversas armas y municiones dentro de la vivienda sin implementar medidas de seguridad básicas, ignorando las advertencias sobre el deterioro de la salud mental y la conducta violenta de Colt.
Un punto crítico del juicio fue la revelación de que, meses antes del ataque, agentes del sheriff visitaron la residencia de los Gray tras una alerta del FBI sobre una amenaza de tiroteo escolar publicada en internet. Aunque en aquel momento las autoridades no pudieron vincular formalmente a Colt con el mensaje, el padre decidió proceder con la compra del arma.
En su defensa, Colin Gray compareció ante el tribunal entre lágrimas, asegurando que la adquisición del rifle tenía como objetivo fomentar actividades al aire libre y fortalecer el vínculo afectivo con su hijo. El acusado describió a Colt como un "buen chico" y manifestó que existía una faceta de su hijo que él desconocía, afirmando que nadie podría comprender semejante maldad. No obstante, durante el contrainterrogatorio, Gray admitió que el adolescente tenía acceso libre a las armas de la casa e incluso guardaba el rifle en su propia habitación.
La sentencia contra el padre se produjo apenas dos días después de que el mismo juez condenara a Colt Gray, quien ahora tiene 16 años, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El joven se había declarado culpable de 55 delitos graves, incluyendo cuatro cargos de homicidio premeditado, tras matar a dos estudiantes y dos profesores, además de herir a nueve personas más.
El impacto emocional del caso quedó reflejado en los testimonios de las familias de las víctimas. Shayna Aspinwall, viuda del profesor Richard Aspinwall, calificó a Colin Gray como un "padre lamentable". Por su parte, Ismael Angulo, hermano del estudiante fallecido Christian Angulo, responsabilizó directamente al padre por la tragedia, señalando que la decisión de comprar el rifle e ignorar las señales de alerta llevó a la muerte de su hermano y de otras tres personas.
Finalmente, aunque la Fiscalía había solicitado una condena de 80 años de prisión, el juez impuso una pena de 15 años, ordenando que la mayoría de las condenas se cumplieran de manera simultánea. La defensa había intentado reducir la pena argumentando que el padre había buscado ayuda para la salud mental de su hijo. Este caso se posiciona ahora como un referente sobre las consecuencias penales para los padres que facilitan el acceso de menores a armas de fuego en contextos de riesgo.
