La ciudad autónoma de Ceuta se ha convertido en el epicentro de una grave crisis migratoria que ha provocado una respuesta coordinada de las fuerzas de seguridad españolas y ha generado fuertes tensiones diplomáticas entre España y varios de sus socios en la Unión Europea. Según estimaciones del presidente de Ceuta, Juan Vivas, alrededor de 60.000 personas ingresaron de manera irregular al enclave desde territorio marroquí, una cifra que representa aproximadamente el 70% de la población local.
La magnitud del evento ha dejado un saldo trágico de al menos 57 fallecidos, la mayoría de ellos ahogados al intentar alcanzar la costa ceutí a nado desde Castillejos. La situación ha sido descrita como una emergencia humanitaria, con hospitales desbordados y personas presentando cuadros de hipotermia y agotamiento físico extremo. En el Centro de Salud del Tarajal, profesionales como el médico argentino Carlos Jordán han trabajado intensamente para asistir a los migrantes apenas tocan tierra.
Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno de España desplegó al Ejército de Tierra para reforzar la seguridad en la ciudad y colaborar con la Policía Nacional y la Local en la localización de grupos que aún permanecen en el enclave. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó lo sucedido como una "violación y ataque a la integridad territorial de España", vinculando la avalancha migratoria a una "lectura interesada" de una sentencia del Tribunal Supremo por parte de mafias de traficantes de seres humanos. Según el mandatario, estas redes propagaron en redes sociales que las personas que entraran a nado no podrían ser repatriadas en frontera. Para contrarrestar esto, Sánchez anunció el despliegue de boyas en el espigón para crear una barrera física que facilite las devoluciones.
La respuesta española ha incluido la agilización de expedientes de repatriación. El Ministerio del Interior informó que, hasta el viernes, unas 48.300 personas habían regresado a Marruecos, aunque otras fuentes gubernamentales elevaron la cifra a 53.000. Mientras tanto, en Marruecos, las autoridades detuvieron a 70 personas investigadas por tentativa de homicidio, incendios y daños públicos tras disturbios registrados en la ciudad de Fnideq, donde el retorno masivo de migrantes desbordó la capacidad local.
A nivel internacional, la crisis ha puesto a prueba la cohesión del espacio Schengen. Italia generó una fuerte polémica al sugerir inicialmente la suspensión de España de la zona de libre circulación. No obstante, el gobierno de Giorgia Meloni aclaró posteriormente que, a partir del sábado 1 de agosto, implementará controles aleatorios en puertos y aeropuertos dirigidos exclusivamente a ciudadanos extracomunitarios procedentes de España, asegurando que no habrá cambios para viajeros españoles ni ciudadanos de la UE. Por su parte, Francia anunció un refuerzo drástico de su seguridad fronteriza, triplicando inicialmente y luego quintuplicando la presencia de policías y gendarmes, además de desplegar drones.
Desde Portugal, el ministro de Asuntos Exteriores, Paulo Rangel, afirmó que no considera necesario suspender a España de Schengen, aunque advirtió que la política migratoria española podría generar un "efecto llamada". En el ámbito institucional europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó las imágenes de Ceuta como "inaceptables" y exigió el desmantelamiento de las redes de tráfico y expulsiones rápidas.
La crisis también ha tenido repercusiones políticas internas en España. Cientos de personas se manifestaron frente a la embajada de Marruecos en Madrid, algunos de ellos con consignas de extrema derecha y saludos nazis, reclamando la defensa de las fronteras. Simultáneamente, en Ceuta, manifestantes recibieron al presidente Sánchez y al ministro Fernando Grande-Marlaska con abucheos y peticiones de dimisión.
Finalmente, la presión migratoria se ha extendido a Melilla, donde se registraron más de 130 ingresos irregulares el jueves y nuevos intentos la noche del viernes, elevando a 260 el número de menores en centros de protección, triplicando la capacidad prevista. Mientras la Unión Europea convoca reuniones extraordinarias de embajadores para coordinar la respuesta, la situación en los enclaves sigue bajo vigilancia extrema.
