Un hombre de 33 años, identificado legalmente por las iniciales G.A.P., se encuentra actualmente bajo prisión preventiva tras ser formalmente acusado de cometer un delito de abuso sexual contra una adolescente en la localidad de San Gregorio. Este municipio se encuentra ubicado en el departamento General López, dentro de la provincia de Santa Fe. La medida cautelar fue dictada con el objetivo de asegurar el proceso judicial y proteger la integridad de las pruebas recolectadas hasta el momento.
La resolución judicial fue emitida por la jueza Lorena Garini, quien tomó la decisión luego de analizar la solicitud presentada por la fiscal Rafaela Florit. La audiencia, en la cual se determinó la situación procesal del imputado, se llevó a cabo en los tribunales de Rufino. El caso ha provocado una profunda preocupación entre los habitantes de la comunidad de San Gregorio, debido no solo a la gravedad de los hechos denunciados, sino también al vínculo de confianza y la cercanía que existía entre el acusado y la víctima.
De acuerdo con la información difundida por el portal oficial del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, la fiscal Florit hizo hincapié en la necesidad imperativa de que el imputado permanezca detenido. A pesar de que la defensa del acusado se opuso a la medida de prisión preventiva, la magistrada Garini consideró que los argumentos expuestos por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) eran suficientes y fundamentados para proceder con la detención.
Uno de los puntos determinantes para la decisión de la jueza fue la necesidad de resguardar el proceso de recolección de pruebas. La fiscalía subrayó que todavía está pendiente la realización de la entrevista a la víctima a través de la cámara Gesell. Este procedimiento es considerado una pieza clave y fundamental en las investigaciones de abuso sexual que involucran a menores de edad, ya que permite obtener el testimonio de la víctima en un entorno protegido y bajo protocolos específicos para evitar la revictimización.
Los hechos investigados se habrían producido el pasado viernes 10 del corriente mes, aproximadamente a las 13:00 horas. El escenario del presunto delito fue una vivienda situada en San Gregorio, la cual había sido prestada al imputado por un amigo. Según los datos aportados por la Fiscalía, el propietario legítimo del inmueble no se encontraba presente en la casa al momento del suceso. En el lugar, G.A.P. se encontraba alone con la víctima —una adolescente que cursa la primera parte de la educación secundaria— y un bebé que forma parte del núcleo familiar de ambos.
La fiscal Florit detalló que el imputado habría aprovechado la situación de confianza y responsabilidad que tenía asignada, ya que se encontraba a cargo del cuidado tanto de la adolescente como del bebé. Fue precisamente en este contexto de vulnerabilidad y guarda donde, según sostiene la investigación, se habría consumado el abuso sexual.
El desarrollo de los hechos tomó un giro cuando la víctima, instantes después de lo ocurrido, logró contactar a una mujer de su entera confianza mediante el envío de un mensaje de texto solicitando auxilio. Tras recibir la alerta, esta persona informó a otro integrante del entorno cercano, coordinando una serie de acciones que permitieron que el acusado trasladara a la adolescente y al bebé a otro lugar. Este movimiento estratégico fue el que permitió que la víctima pudiera salir del ámbito físico donde se había producido el delito y buscar ayuda.
Sin embargo, la investigación revela que la intimidación continuó durante el trayecto fuera de la vivienda. Según la fiscalía, el hombre investigado reiteró diversas amenazas verbales hacia la adolescente, advirtiéndole explícitamente que no debía relatar lo sucedido a nadie. El argumento utilizado por el imputado era que, de contar la verdad, él terminaría encarcelado. Para la fiscal Florit, estas manifestaciones no solo constituyen un intento de intimidación, sino que representan un posible entorpecimiento de la investigación judicial, reforzando así el pedido de prisión preventiva para evitar cualquier interferencia en la obtención de testimonios.
Finalmente, el hombre ha quedado imputado como autor del delito de abuso sexual simple, agravado por la guarda, siguiendo la calificación penal establecida por el Ministerio Público de la Acusación. La investigación continúa abierta y en curso, a la espera de que las próximas actuaciones judiciales permitan avanzar en la recolección de evidencias y testimonios clave para el cierre del caso. El MPA ha reiterado su compromiso total con la protección de los derechos de la víctima y la búsqueda de justicia en un hecho que ha puesto en alerta a toda la localidad de San Gregorio.
