En la Ciudad de Panamá, el sistema de justicia se encuentra actualmente en el centro de una intensa discusión técnica y ética. El motivo del debate es el alcance y la pertinencia de los acuerdos de pena alcanzados con dos personas que se encuentran bajo investigación por una presunta defraudación cometida contra la Dirección General de Ingresos (DGI). Estas resoluciones han provocado que especialistas del ámbito judicial manifiesten posiciones encontradas sobre la estrategia más adecuada para combatir este tipo de delitos.
Desde una perspectiva favorable a estas herramientas, la exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, ha señalado que los acuerdos de pena no son una medida improvisada, sino que representan un instrumento utilizado a nivel internacional. Según la exfuncionaria, este mecanismo es fundamental para abordar investigaciones que se caracterizan por ser complejas, especialmente aquellas que están vinculadas con el crimen organizado y la corrupción.
Gómez argumentó que la clave para desmantelar estructuras delictivas reside en la colaboración de quienes participaron directamente en los hechos o que poseen un conocimiento interno de la organización. Para la exprocuradora, el testimonio de estas personas puede resultar determinante en el proceso de reconstrucción de los hechos, permitiendo a las autoridades identificar con precisión a quienes ocupaban las posiciones de mayor jerarquía dentro de la trama criminal.
En sus declaraciones, Ana Matilde Gómez enfatizó que, en delitos de esta naturaleza, el silencio de los implicados suele ser el mayor obstáculo para la justicia. Explicó que si una persona que formó parte de la organización criminal no decide hablar, resulta sumamente difícil para los investigadores conocer la totalidad de la trama y desentrañar los diversos aspectos técnicos y operativos de la investigación. Por lo tanto, sostuvo que estos acuerdos sirven a menudo como la vía más efectiva para alcanzar a los cabecillas de la organización.
En relación con el caso denominado "Pandora", la exprocuradora calificó la investigación como compleja. Esta complejidad, según Gómez, se debe a que la comisión de los presuntos delitos habría requerido de una planificación previa y detallada. Asimismo, señaló que el éxito de la presunta trama se habría facilitado gracias a la existencia de oportunidades para ejecutar los hechos, sumado a una notable falta de fiscalización y a la presencia de debilidades institucionales en los organismos correspondientes.
Bajo este análisis, Gómez sostuvo que es imperativo que el sistema judicial ofrezca algún tipo de incentivo a los colaboradores para reducir el tiempo que demandaría una investigación convencional y así lograr llegar a los líderes del esquema. Subrayó que la importancia de los acuerdos de pena queda demostrada cuando las personas aceptan su responsabilidad legal. No obstante, fue enfática al aclarar que estos acuerdos no eximen a los implicados de una condena, sino que les permiten acceder a un beneficio de rebaja de pena, el cual se encuentra debidamente establecido dentro de la ley.
En el lado opuesto del debate, el exfiscal Giovani Olmos manifestó un criterio estrictamente contrario. Olmos consideró que los acuerdos de pena no deberían ser aplicables en casos de alto perfil, especialmente cuando se trata de delitos graves que involucren afectaciones directas al patrimonio público o que formen parte de estructuras de crimen organizado.
El exfiscal argumentó que aquellos delitos graves que afectan el erario público deberían quedar excluidos de este tipo de beneficios procesales. Para Olmos, permitir estos acuerdos en tales circunstancias compromete el futuro del país y afecta negativamente las necesidades básicas de la población, ya que el daño al patrimonio del Estado tiene un impacto social directo.
Además de su objeción a la herramienta en sí, Olmos cuestionó la actuación de los fiscales y los jueces responsables de aprobar estos mecanismos. El experto sugirió que cualquier beneficio otorgado a un investigado debe ser estrictamente proporcional al daño y al perjuicio causado a la administración pública y a la sociedad.
Este enfrentamiento de visiones ocurre mientras las autoridades panameñas continúan el desarrollo de las investigaciones por la presunta defraudación a la DGI. El objetivo principal de las diligencias actuales es determinar el alcance total de la trama, establecer las responsabilidades individuales de cada participante y analizar la posible implicación de otras personas en este esquema de fraude.
