Un tribunal federal de apelaciones ha rechazado la solicitud del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pretendía aplicar una orden ejecutiva en 23 estados para imponer nuevas restricciones al voto por correo. Esta decisión judicial ocurre en un momento crítico, ya que se aproximan las elecciones de mitad de mandato de noviembre, proceso en el cual se definirá la composición y el control del Congreso.
El fallo fue emitido el sábado por la noche por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito. Mediante esta resolución, el tribunal confirmó la suspensión temporal que había sido dictada el pasado 25 de junio por la jueza federal Indira Talwani. En su análisis original, la jueza Talwani concluyó que diversas disposiciones contenidas en la medida ejecutiva probablemente vulneran los preceptos de la Constitución.
Ante esta situación, el Departamento de Justicia había interpuesto una solicitud para suspender la decisión de la jueza mientras el proceso de apelación seguía su curso. El argumento central del Gobierno era que la demanda presentada por una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia —liderada por California, Massachusetts, Nevada y Washington— resultaba prematura. Según la postura oficial, las agencias federales aún no habían finalizado el desarrollo de las medidas operativas necesarias para implementar la orden ejecutiva.
Sin embargo, el tribunal de apelaciones desestimó este argumento. Los jueces sostuvieron que los estados demandantes ya deben iniciar los preparativos para las elecciones de noviembre, afirmando que no tienen otra opción práctica más que responder a la orden en este momento.
La orden ejecutiva en cuestión, firmada por el presidente Trump en marzo, contiene instrucciones específicas para dos organismos clave. En primer lugar, ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la elaboración de listas de ciudadanos estadounidenses con derecho a voto, utilizando para ello los registros federales de ciudadanía. En segundo lugar, instruye al Departamento de Justicia a priorizar las investigaciones contra funcionarios electorales, tanto estatales como locales, que envíen papeletas de voto a personas que sean consideradas no elegibles para sufragar.
Sobre estos puntos, la jueza Talwani determinó que el presidente carece de la autoridad necesaria para ordenar al DHS la creación de dichos registros para los estados. Asimismo, señaló que el Servicio Postal (USPS) no cuenta con la autorización legal requerida para imponer normas que sean vinculantes sobre el voto por correo. Además, la jueza enfatizó que la orden ejecutiva no puede ser utilizada como una herramienta para intimidar a los funcionarios electorales locales, obligándolos a basarse en registros federales de ciudadanía que no incluyen a todos los votantes con derecho a voto, bajo la amenaza de enfrentar procesos penales.
Este conflicto legal se enmarca en el historial del presidente Trump, quien durante años ha cuestionado el sistema de voto por correo y ha sostenido, sin presentar pruebas, que su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 fue la consecuencia de un fraude generalizado. Ante el rechazo judicial, el Departamento de Justicia ha advertido que, de no obtener un resultado favorable en la apelación, podría solicitar la intervención del Tribunal Supremo.
Paralelamente a la batalla judicial, el presidente Trump ha intensificado su presión sobre el frente legislativo. El pasado viernes, a través de su cuenta en la red social Truth Social, solicitó nuevamente a los senadores republicanos que aprueben la ley 'SAVE America' antes del inicio del receso de agosto. El mandatario expresó su disposición a trabajar estrechamente con el Senado para lograr la aprobación de esta norma electoral, la cual propone endurecer los requisitos para votar.
La ley 'SAVE America' ha generado un fuerte rechazo por parte del Partido Demócrata y diversas organizaciones de derechos civiles. El motivo principal es que el proyecto exige una prueba de ciudadanía y la presentación de un documento de identidad con fotografía para votar. Dado que en Estados Unidos no existe un Documento Nacional de Identidad (DNI) obligatorio, los críticos advierten que esta medida podría dejar a millones de estadounidenses sin el derecho al voto.
En cuanto a su estado legislativo, el proyecto de ley fue aprobado en marzo por la Cámara de Representantes, pero se encuentra estancado en el Senado, donde no ha logrado alcanzar los 60 votos necesarios para su paso. Debido a este bloqueo, los republicanos han implementado una nueva estrategia: incluir la ley 'SAVE America' dentro del proyecto de ley de presupuesto. Dicho proyecto ya superó un trámite esta semana y ahora depende de la luz verde del Senado, que entrará en receso en dos semanas.
