El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado formalmente la imposición de aranceles que oscilan entre el 10 % y el 12,5 % a 18 países de América Latina y el Caribe. Esta medida responde a las acusaciones de la administración estadounidense sobre la falta de acciones suficientes en dichos territorios para evitar que se produzcan bienes derivados del trabajo forzado en sus cadenas de suministro.
La decisión fue comunicada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), organismo encargado de gestionar la política comercial del país. Según el titular de la USTR, Jamieson Greer, el objetivo fundamental de esta acción es combatir prácticas que distorsionan el comercio internacional y detener presuntos abusos a los derechos humanos. En un comunicado oficial, Greer enfatizó que el presidente Donald Trump considera que las décadas de "persuasión moral" no han sido efectivas para erradicar el trabajo forzado a nivel global.
El funcionario destacó que Estados Unidos ha mantenido una prohibición rigurosa de importaciones vinculadas al trabajo forzado durante casi un siglo, y sostuvo que es momento de que sus socios comerciales adopten medidas similares para garantizar la integridad de las cadenas de suministro.
La implementación de estos aranceles no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso administrativo iniciado a principios de junio, cuando la USTR propuso inicialmente la medida. Posteriormente, entre el 7 y el 9 de julio, se llevó a cabo un periodo de investigaciones, audiencias públicas y recepción de comentarios. Tras concluir este análisis, la institución decidió proceder con la aplicación de los gravámenes.
En términos globales, la medida abarca a 60 economías, incluyendo bloques comerciales como la Unión Europea. En el caso específico de América Latina y el Caribe, la USTR ha dividido a las naciones afectadas en dos grupos según la tasa arancelaria aplicada.
El primer grupo, sujeto a un arancel del 10 %, comprende a siete países: Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Trinidad y Tobago. De acuerdo con la USTR, estas naciones realizaron algunos compromisos o implementaron ciertas acciones para combatir la producción derivada del trabajo forzado; sin embargo, el gobierno estadounidense determinó que tales esfuerzos no han arrojado los resultados esperados.
El segundo grupo, que enfrentará un arancel más elevado del 12,5 %, está compuesto por 11 países de la región: Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La reacción de los países afectados ha sido diversa. El Gobierno de México, socio estratégico en el marco del T-MEC, ha buscado minimizar el impacto del anuncio. La Secretaría de Economía de México aclaró que el Representante Comercial, Jamieson Greer, ya había informado sobre la decisión durante su visita para revisar el tratado comercial con Canadá. El gobierno mexicano argumentó que la mayor parte de sus exportaciones no se verán afectadas, ya que alrededor del 85 % de los productos enviados al mercado estadounidense mantienen el arancel cero bajo las reglas del T-MEC. Respecto al 10 % impuesto bajo la sección 301, México señaló que este sustituye al 10 % que ya se aplicaba bajo la sección 122, por lo que el trato arancelario efectivo se mantiene sin cambios.
Canadá, también socio en el T-MEC, fue incluido en la lista con un arancel del 10 %.
Por otro lado, el Gobierno de Brasil, liderado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reaccionó con vehemencia. A través de un comunicado, el gobierno brasileño rechazó la medida, calificándola de carente de fundamentos legales y definiéndola como una herramienta de política comercial proteccionista. Brasil afirmó que el Ministerio de Trabajo y Empleo proporcionó documentación abundante sobre la legislación nacional y las acciones aduaneras para limitar importaciones de trabajo forzado durante la fase de investigación. Como respuesta, Brasil anunció que tomará medidas recíprocas y acudirá al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Cabe destacar que las tensiones entre los gobiernos de Trump y Lula da Silva se han intensificado desde que el presidente estadounidense comenzó su segundo mandato el 20 de enero de 2025, particularmente en relación con la política arancelaria.
Otras naciones también han manifestado su postura. Chile rechazó la decisión, señalando que la medida no es congruente con los estándares técnicos, políticos ni jurídicos presentados durante la investigación. Mientras tanto, la Cancillería de Colombia informó que, por el momento, no prevé emitir comentarios oficiales sobre el tema. Hasta el cierre de la jornada, diversos gobiernos de la región aún no se habían pronunciado sobre los nuevos gravámenes.
