La alianza estratégica establecida entre el Gobierno de Ecuador y Estados Unidos para combatir el crimen organizado, en un contexto donde el país sudamericano rige un estado de conflicto armado interno, se encuentra bajo el escrutinio público tras la difusión de un informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW). El documento, titulado “Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador”, denuncia presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante operaciones conjuntas.
El informe de HRW destaca dos episodios críticos ocurridos entre enero y marzo. El primero se sitúa en una comunidad agrícola en la frontera entre Colombia y Ecuador, donde se describe un ataque militar a una finca lechera. Mientras que las autoridades calificaron el lugar como un laboratorio de elaboración de drogas, la ONG sostiene que, en una operación descrita por Estados Unidos como conjunta, soldados ecuatorianos detuvieron arbitrariamente y torturaron a cuatro trabajadores agrícolas, procediendo posteriormente a bombardear y quemar la propiedad.
El segundo escenario de presuntos abusos ocurrió en altamar, cerca de las Islas Galápagos. Según el reporte, drones de origen desconocido atacaron dos embarcaciones pesqueras, resultando en varios tripulantes heridos. Asimismo, se reporta que una tercera embarcación continúa desaparecida. HRW enfatiza que cada uno de estos incidentes implica directamente la cooperación en materia de seguridad entre ambos países o, al menos, plantea serios interrogantes sobre la responsabilidad compartida en lo sucedido.
Para la elaboración de estas conclusiones, HRW basó su investigación en un análisis exhaustivo que incluyó 62 entrevistas a víctimas, testigos y abogados. Además, la organización utilizó imágenes satelitales, documentos judiciales, más de 100 fotografías y videos, y datos de la NASA para rastrear incendios y el movimiento de embarcaciones. Ante estos hallazgos, la ONG ha emitido recomendaciones dirigidas a los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos, así como a los organismos de justicia y derechos humanos de la ONU y la OEA.
Desde la perspectiva legal, el constitucionalista André Benavides manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la cooperación internacional sirva como pretexto para actuaciones violatorias de los derechos fundamentales. Benavides señaló que las autoridades han promovido una “espectacularización” de las operaciones contra la delincuencia y criticó la opacidad informativa bajo el argumento de seguridad nacional. El experto insistió en que es imperativo que las autoridades respondan con información verificable para aclarar si existió participación operativa extranjera y bajo qué control se coordinó.
Por su parte, la internacionalista Grace Jaramillo subrayó el daño reputacional que supone para Ecuador que solo la Fiscalía ofrezca información, mientras el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, así como la contraparte estadounidense, mantengan silencio frente a HRW. Jaramillo advirtió sobre un cambio de paradigma en la estrategia de seguridad, señalando que se ha pasado de un combate al crimen organizado y al narcotráfico a una estrategia contra el terrorismo.
Según Jaramillo, esto responde a la ejecución de la política del “corolario Trump de la Doctrina Monroe”, establecida en 2025. Este enfoque implica que la lucha ya no es solo de seguridad ciudadana liderada por la policía, sino una estrategia de defensa nacional a gran escala, similar a una guerra, donde tres grupos criminales ecuatorianos han sido incluidos en la lista antiterrorismo del Departamento de Estado.
Este marco de cooperación se ha estrechado significativamente bajo la administración del presidente Daniel Noboa, quien ha mantenido una estrecha relación ideológica con Donald Trump. Noboa, nacido en Estados Unidos, ha gestionado apoyos logísticos, operativos y de inteligencia, facilitando visitas de altos funcionarios como Marco Rubio y Kristi Noem, y manteniendo conversaciones con Pete Hegseth y JD Vance. Como resultado de estos acercamientos, se han firmado diversos acuerdos, incluyendo la operación permanente del FBI en Quito y la adhesión de Ecuador al “Escudo de las Américas”.
La preocupación de HRW coincide con advertencias previas de Amnistía Internacional, que en mayo criticó operaciones estadounidenses en el Caribe y el Pacífico para destruir embarcaciones de droga. Amnistía Internacional señaló que tales ataques, que habrían dejado alrededor de 200 muertos, podrían configurar ejecuciones extrajudiciales. Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha defendido la relación con el Gobierno de Noboa, describiéndolo como un “excelente aliado” en la lucha contra la inmigración ilegal y la seguridad del hemisferio. Hasta el momento, el Ministerio de Defensa de Ecuador y el Departamento de Defensa de Estados Unidos no han emitido comentarios oficiales sobre el informe de HRW.
