La estructura financiera de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior se encuentra actualmente bajo la investigación directa de las autoridades judiciales de Estados Unidos. En el marco de una causa que se tramita en los tribunales del Distrito Sur de Florida, la Justicia estadounidense ha solicitado formalmente el registro completo de las comunicaciones, incluyendo mensajes, llamadas y correos electrónicos, intercambiados entre el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y el empresario Javier Faroni, entre otros dirigentes de la institución.
El despliegue de esta investigación se hizo evidente a través de un procedimiento sorpresivo ocurrido en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. El operativo tuvo lugar instantes antes de que la delegación oficial de la AFA abordara el vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires, luego de haber participado en la final de una competencia internacional. La intervención de los agentes federales generó un clima de tensión y provocó que el despegue del avión se demorara casi dos horas.
Durante el desarrollo de este operativo, Claudio Tapia y Leandro Petersen, quien se desempeña como responsable del área de marketing y es un dirigente de extrema confianza del oficialismo de la AFA, fueron trasladados a una oficina reservada de la terminal aeroportuaria. En dicho espacio, se les notificó formalmente su situación procesal.
A raíz de los hechos acontecidos en el aeropuerto JFK, surgieron diversas versiones sobre el alcance de la medida, sugiriendo que los efectivos federales habrían secuestrado los teléfonos personales de los principales directivos. Ante estas informaciones, la AFA emitió un comunicado oficial firmado por su letrado, Gregorio Dalbón, en el cual desmintió categóricamente tales versiones. En el documento, la defensa calificó como "rotundamente falso" que se hayan confiscado dispositivos electrónicos y aseguró que ninguno de los episodios descriptos en los medios tuvo lugar, intentando mitigar el impacto mediático de la actuación policial.
En el mismo sentido, la dirigencia de la AFA precisó el alcance real de la medida judicial. Desde la entidad aclararon que la citación del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida no está dirigida de forma directa hacia Tapia ni Toviggino, sino hacia un tercero involucrado en las operaciones comerciales. Es a esta persona o firma a quien se le ha exigido comparecer ante un Gran Jurado y presentar los archivos y registros de las comunicaciones mantenidas con las autoridades de la casa matriz del fútbol argentino.
Desde el punto de vista técnico, el expediente aún no posee un número de caso penal formalizado y abierto al público, ya que el Departamento de Justicia mantiene el proceso bajo la figura de una investigación preliminar, conocida como "pre-indictment". En este formato, las actuaciones se llevan a cabo mediante requerimientos, citaciones de prueba y órdenes de presentación de documentación, evitando una imputación criminal directa y preservando el hermetismo de la causa mientras se analizan los elementos entregados por los involucrados.
El eje central de la pesquisa judicial apunta a revisar detalladamente los contratos comerciales firmados por la AFA en el exterior. Específicamente, la investigación se enfoca en los vínculos establecidos a través de TourProdEnter LLC, una compañía con sede en Miami vinculada a Javier Faroni. La orden emitida por la corte exige que, al presentarse en los tribunales de Florida el próximo 30 de julio, se aporte la totalidad de los correos, mensajes y llamadas cruzadas entre Tapia, Toviggino, Faroni y el directivo Diego Lucero.
Se ha revelado que TourProdEnter LLC estaba autorizada para actuar como agente de cobro de los contratos de patrocinio y esponsoreo que la AFA generara, o en los casos que la entidad lo requiriera. Asimismo, la firma debía abocarse a la promoción de las actividades de la AFA y sus Selecciones Nacionales con el fin de obtener acuerdos que produjeran ingresos para la institución.
La causa está siendo impulsada por un equipo de fiscales federales especializados en delitos transnacionales y entramados financieros dentro del Departamento de Justicia. El grupo está compuesto por Christopher Ting, abogado litigante en Washington D.C.; Michael Berger, especialista senior de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida en corrupción internacional; y Patrick Gushue, miembro de la Unidad de Integridad Bancaria de la División Penal y director interino del programa de premios para denunciantes corporativos.
La hipótesis de los investigadores se habría fortalecido gracias a las presentaciones de Juan Pablo Beacon, quien fuera mano derecha de Toviggino y exaccionista de Malte SRL, firma investigada en Argentina por la compra de una propiedad en Pilar. Beacon habría aportado testimonios y documentación clave al expediente en diversas ocasiones, lo que motorizó las notificaciones en Nueva York y la exigencia de auditar los contratos vinculados a la firma de Miami.
En paralelo a la situación en Estados Unidos, la conducción de la AFA enfrenta un escenario judicial complejo en Argentina. Las máximas autoridades y su entorno son blanco de expedientes en la Justicia federal y en el fuero Penal Económico, derivados de denuncias de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Entre las causas más avanzadas se encuentra una investigación contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros directivos por la presunta apropiación indebida de aproximadamente 19.000 millones de pesos en tributos y aportes previsionales retenidos que no fueron girados al Estado. Además, existen investigaciones en Lomas de Zamora por supuesto lavado de activos relacionado con Sur Finanzas, financiera vinculada al presidente de la AFA, y expedientes en Comodoro Py que indagan maniobras de compra de dólares oficiales durante la vigencia del cepo cambiario.
