El sector salud del departamento de Santa Cruz se encuentra nuevamente en estado de conflicto. Los trabajadores afiliados a la Federación Sindical de Trabajadores de Salud han determinado la ejecución de una medida de presión consistente en un paro de 72 horas, el cual entrará en vigencia a partir del martes 21. Esta decisión responde, primordialmente, a la persistente falta de cancelación de sueldos y al incumplimiento en el pago del bono de vacunación.
La determinación de paralizar las actividades fue comunicada por Robert Hurtado, representante del sector, quien brindó los detalles tras la conclusión de un ampliado llevado a cabo en la capital cruceña. Durante este encuentro, los trabajadores analizaron la situación financiera y laboral que atraviesan, llegando al consenso de que la medida de presión es la vía necesaria para exigir el cumplimiento de sus derechos salariales. Hurtado confirmó que el paro se llevará a cabo estrictamente durante los días martes, miércoles y jueves, días en los que el personal se abstendrá de realizar sus labores habituales.
Más allá de la problemática salarial y el bono de vacunación, el pliego de demandas del sector salud es amplio. Según un comunicado oficial emitido tras el ampliado, los trabajadores manifestaron su rechazo categórico al Decreto Supremo 5654. Esta normativa regula los descuentos, contribuciones y retenciones que se aplican por planilla a los salarios de los servidores públicos, extendiéndose también a las rentas de los jubilados, medida que el sector considera perjudicial.
Asimismo, la Federación Sindical de Trabajadores de Salud ha dirigido sus exigencias hacia la Alcaldía cruceña. El sector demanda la reposición de contratos, señalando que existen situaciones contractuales que deben ser regularizadas por la administración municipal para garantizar la estabilidad laboral del personal de salud. Ante la incertidumbre sobre la respuesta de las autoridades, el sector salud no descarta endurecer sus medidas. En las próximas horas, los representantes determinarán si a la paralización de actividades se sumarán movilizaciones y marchas en puntos estratégicos de la ciudad.
Por otro lado, la administración departamental ha intentado dar respuesta a las inquietudes planteadas. Rolando Schrupp, vocero de la Gobernación cruceña, brindó precisiones sobre el estado de las finanzas y los recursos destinados al sector. Schrupp informó que el Gobierno central procedió al desembolso de 67 millones de bolivianos, una suma de dinero que se encontraba pendiente desde el mes de junio.
El vocero aclaró que estos recursos han sido destinados íntegramente al cumplimiento de las obligaciones financieras del departamento. Específicamente, los fondos han sido asignados para cubrir los salarios del sector salud, así como los gastos relacionados con la asistencia social, el régimen penitenciario, el servicio de la deuda y otras obligaciones administrativas pendientes.
Sin embargo, a pesar de este ingreso de fondos, la Gobernación ha dejado claro que no puede satisfacer todas las demandas del sector salud. Schrupp precisó que el monto de los 67 millones de bolivianos ya fue comprometido en su totalidad para las obligaciones mencionadas. Debido a esto, la Gobernación sostiene que mantiene limitaciones económicas severas que le impiden atender nuevas demandas financieras, haciendo especial énfasis en la imposibilidad actual de hacer frente al pago del bono de vacunación solicitado por los trabajadores.
Este escenario plantea un conflicto de intereses donde, mientras el personal de salud exige el pago inmediato de sus beneficios y el cese de retenciones salariales, la administración departamental argumenta que los fondos recibidos del nivel central son insuficientes para cubrir extras más allá de los sueldos básicos y las deudas ya contraídas. El paro de 72 horas se posiciona así como el primer paso de una escalada de presión que busca obligar a las autoridades a encontrar una solución financiera para el sector salud cruceño.
