El Ministerio Público ha formalizado una citación dirigida al comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Antonio Sokol, quien deberá presentarse para brindar su declaración informativa en calidad de testigo. Esta diligencia está programada para llevarse a cabo este lunes 20 de julio, en el marco de las investigaciones judiciales que se adelantan debido a las fugas de reclusos registradas en dos de los recintos penitenciarios de máxima seguridad más importantes del departamento de La Paz: el penal de Chonchocoro y el Centro de Reinserción Social para Jóvenes Qalauma.
La citación oficial fue emitida el pasado 17 de julio por el fiscal de materia Weimar D. Molina López, quien desempeña sus funciones dentro de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción de El Alto. El objetivo primordial de este requerimiento legal es la recolección y consolidación de mayores elementos de convicción que permitan avanzar en el proceso judicial. La investigación se centra específicamente en el presunto delito de evasión, además de otros posibles ilícitos que pudieran derivarse de los hechos ocurridos en los centros penitenciarios mencionados.
El proceso investigativo busca establecer con precisión las responsabilidades administrativas y penales correspondientes a las evasiones. Para ello, el Ministerio Público pretende determinar si existieron fallas críticas en los protocolos de controles de seguridad, si hubo actos de negligencia por parte del personal encargado de la custodia, o si, por el contrario, existió alguna presunta colaboración interna que facilitara la salida de los internos de los recintos de máxima seguridad.
El origen de este complejo proceso legal se remonta a dos incidentes críticos ocurridos a finales del año 2025. El primero de ellos tuvo lugar el 17 de diciembre de 2025 en el penal de Chonchocoro, donde se registró la fuga de dos ciudadanos de nacionalidad brasileña. Este evento generó una reacción inmediata por parte de las autoridades judiciales; tras analizar las circunstancias de la evasión en Chonchocoro, la Fiscalía ordenó la aprehensión del sargento de la Policía que se encontraba directamente a cargo de la seguridad del sector específico por donde los reclusos lograron escapar.
Apenas once días después de este primer suceso, se registró una segunda evasión que agravó la situación de seguridad penitenciaria en la región. El 28 de diciembre del mismo año, un interno logró evadir la custodia en el Centro de Reinserción Social para Jóvenes Qalauma. Estos dos hechos, ocurridos en un lapso muy breve de tiempo y en centros de alta seguridad, han impulsado la necesidad de que las máximas autoridades policiales presten declaración para esclarecer las vulnerabilidades del sistema.
La intervención de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción de El Alto subraya la naturaleza de la investigación, sugiriendo que se están evaluando no solo errores operativos, sino también posibles irregularidades relacionadas con la conducta del personal policial y penitenciario. La declaración del comandante general Mirko Antonio Sokol, aunque sea en calidad de testigo, resulta fundamental para el Ministerio Público, ya que su cargo implica la supervisión general de las fuerzas policiales, incluyendo aquellas que brindan apoyo o coordinación en la seguridad de los centros penitenciarios.
Con la comparecencia de este lunes 20 de julio, se espera que el fiscal Weimar D. Molina López pueda obtener respuestas sobre la gestión de la seguridad en Chonchocoro y Qalauma, y determinar si las fallas fueron sistémicas o producto de acciones individuales. La investigación continúa abierta mientras se analizan las pruebas y los testimonios para definir si habrá más procesados además del sargento ya aprehendido en el caso de la fuga de los ciudadanos brasileños.
