El balance de víctimas fatales a causa del doble terremoto que azotó a Venezuela el pasado 24 de junio ha continuado en ascenso. Según la información suministrada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de fallecidos se ha incrementado a 5.069 personas, tras el registro de 139 nuevos decesos. En cuanto a los heridos, el reporte oficial indica que la cantidad se mantiene en 16.740 personas.
Paralelamente, los datos difundidos a través de la cuenta de Telegram de Delcy Rodríguez, presidenta encargada, detallan la magnitud de la crisis habitacional derivada del sismo. Actualmente, se contabilizan 17.907 personas que han quedado sin vivienda. El Gobierno ha informado que las autoridades han brindado atención a un total de 128.324 familias afectadas por los eventos sísmicos, los cuales registraron magnitudes de 7,2 y 7,5. Asimismo, se reporta que 21.235 personas permanecen refugiadas en 107 campamentos transitorios habilitados para este fin.
La inestabilidad telúrica ha persistido en la región. Desde el día del desastre, el 24 de junio, se han contabilizado 1.331 réplicas. La más significativa de estas ocurrió la mañana del pasado 10 de julio, cuando se registró un sismo de magnitud 3,9 con epicentro a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira. Esta zona ha sido identificada como la más afectada por el doble terremoto. Dicha réplica generó pánico entre la población local y provocó la evacuación preventiva de diversos edificios.
Ante la emergencia habitacional, el Gobierno anunció el inicio de un censo biométrico con el objetivo de determinar la cantidad exacta de viviendas requeridas para los damnificados, aunque las estimaciones preliminares sugieren que podrían ser necesarias unas 25.000 viviendas.
En respuesta a esta necesidad, el Parlamento venezolano aprobó el pasado martes un proyecto de reforma de ley diseñado para acelerar la construcción de viviendas en el país. Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, explicó que se trata de una modificación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria. Esta reforma, que aún debe superar un segundo debate para su aprobación definitiva, tiene como propósito garantizar condiciones de seguridad jurídica y capacidad de financiamiento, permitiendo que el sector privado inicie un "proceso agresivo" de construcción.
Por otro lado, el país enfrenta un desafío ambiental y logístico masivo debido a los destrozos urbanos. El Gobierno de Venezuela, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estima que existen 2.106.000 toneladas de escombros. Esta cifra fue obtenida mediante mediciones de campo y sobrevuelos realizados con helicópteros y drones, según informó el ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez.
En una entrevista concedida al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el ministro Rodríguez señaló que organismos internacionales han indicado que no existe referencia en el mundo sobre un volumen de residuos tan elevado en otras emergencias o tragedias. El funcionario detalló que, de la totalidad de los escombros, 1.529.000 toneladas corresponden a materiales de construcción, mientras que 577.000 toneladas son bienes personales. No obstante, el ministro no precisó si estas cifras abarcan el territorio nacional o se limitan únicamente al estado La Guaira.
Para gestionar esta crisis de residuos, el ministro aseguró que se están evaluando protocolos internacionales de tratamiento y reciclaje. La propuesta es implementar una cultura de segregación en origen, separando los materiales según su naturaleza para reinsertarlos en el ciclo productivo. En este sentido, se han establecido once Centros de Disposición Temporal (CDT) en La Guaira, donde los escombros se clasifican en categorías de "peligrosos, reciclables y áridos". Para optimizar este proceso, se trasladó una máquina trituradora desde el estado Nueva Esparta y se ha previsto la participación de empresas privadas en la gestión de algunos de estos centros de disposición.
