La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha llevado a cabo una intervención determinante en el estado de Sonora, resultando en la clausura de dos predios donde se había detectado la extracción ilegal de oro. Estas acciones se concentraron específicamente en el municipio de Cucurpe, afectando a la empresa denominada “RM Esperanza de México” y al predio conocido como el rancho “Las Golondrinas”.
El operativo fue el resultado directo de la vigilancia ciudadana. A través de un comunicado oficial, la Profepa informó que la institución recibió diversas denuncias por parte de la ciudadanía, quienes alertaron sobre la realización de trabajos mineros ilegales en la zona. Ante estas señales, la autoridad ambiental procedió a programar y ejecutar dos visitas de inspección técnica, las cuales permitieron constatar que, efectivamente, se estaban llevando a cabo actividades de extracción de oro sin el marco legal correspondiente.
En la primera de estas intervenciones, el personal inspector se trasladó a las instalaciones de “RM Esperanza de México”. Durante el proceso de revisión, los inspectores de la Profepa constataron que la extracción del mineral precioso se realizaba sin contar con la autorización obligatoria en materia de impacto ambiental. Esta documentación es un requisito indispensable para cualquier actividad minera, ya que su propósito fundamental es permitir que la autoridad pueda identificar, prevenir y mitigar los posibles efectos negativos que la minería pueda generar sobre los ecosistemas locales, la calidad del suelo, los mantos acuíferos y la biodiversidad de la región.
Debido a la gravedad de la falta y con el objetivo primordial de prevenir daños irreversibles al medio ambiente, así como para garantizar que se cumpla estrictamente con la normatividad ambiental vigente, la Profepa determinó la imposición de una clausura temporal total de todas las actividades en el predio de “RM Esperanza de México”.
De manera simultánea, la autoridad ambiental dirigió sus acciones hacia el Rancho Las Golondrinas. En este caso, el proceso inició atendiendo una denuncia ciudadana enfocada específicamente en afectaciones al medio ambiente. No obstante, al realizar la inspección en el sitio, los funcionarios identificaron que el problema era más profundo: en el lugar también se desarrollaban actividades de extracción de oro. Al solicitar la documentación pertinente, los responsables del predio no pudieron acreditar que contaran con la autorización necesaria en materia de impacto ambiental.
Este sitio en particular había ganado notoriedad en el entorno digital, ya que en diversas redes sociales los ciudadanos habían denominado al lugar como “el huachicol de Oro”, denunciando públicamente la operación de una mina ilegal en el corazón del rancho.
Ante el hallazgo de estas irregularidades y la falta de permisos legales, la Profepa determinó aplicar una medida de seguridad consistente en la clausura temporal total del sitio. Esta decisión tiene como finalidad inmediata evitar que la operación continúe y que, por ende, se generen mayores impactos ambientales negativos mientras se resuelve la situación jurídica de los responsables y el estatus del predio.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha señalado que no se limitará únicamente a la clausura física de los sitios. Será la propia institución la encargada de dar el seguimiento puntual a los procedimientos administrativos correspondientes. Este proceso legal tiene como objetivo determinar las responsabilidades administrativas y legales que procedan en cada uno de los dos casos detectados en Cucurpe.
Finalmente, a través de este operativo, la Profepa refrendó su compromiso con la protección de los recursos naturales del país, destacando la importancia de la atención oportuna a las denuncias ciudadanas como una herramienta clave para combatir la ilegalidad y preservar el patrimonio ecológico de México.
