El abogado y vicepresidente de Azul Azul, sociedad concesionaria del Club Universidad de Chile, José Ramón Correa Díaz, compareció el pasado miércoles 1 de julio ante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. Durante una diligencia que se extendió por dos horas, Correa prestó declaración frente al fiscal Juan Pablo Araya en el marco de la investigación conocida como el "caso Sartor", donde detalló los pormenores de su relación con el expresidente de la entidad, Michael Clark, y la compleja operación financiera que lo llevó a convertirse en el segundo accionista de la empresa.
Al inicio de su testimonio, Correa, acompañado por su abogado defensor Claudio Fierro, realizó una precisión relevante sobre la naturaleza de la investigación en su contra. El vicepresidente agradeció al fiscal Araya por haber dejado en evidencia, durante los alegatos de un recurso de amparo, que la persecución penal hacia su persona no se centró estrictamente en la causa Sartor, sino en la no realización de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones de Azul Azul durante el año 2024. Esta operación fue la que permitió a Michael Clark adquirir las cuotas de Tactical Sport, sociedad que posee el 63,07% de la S.A.
Respecto a su ingreso al directorio, Correa explicó que ocurrió en la junta de accionistas de 2023, señalando que fue el Banco BCI quien votó a favor de su postulación, dado que dicha entidad detenta los derechos políticos sobre el 63% de las cuotas de Tactical Sport. El abogado precisó que su interés por integrarse al club fue manifestado de manera informal desde 2021, cuando felicitó a Michael Clark por su elección como presidente, indicando que estaba disponible en caso de existir una vacante, subrayando que en aquel entonces no poseía cargos y era simplemente un hincha que asistía al estadio.
Uno de los puntos más tensos de la declaración fue la relación entre Correa y Michael Clark. El vicepresidente rechazó tajantemente haber sido el "escudero" de Clark ante la Conmebol y la ANFP, calificativo atribuido al exdirector Andrés Segú. Correa argumentó que sus gestiones ante dichos organismos se limitaron estrictamente a defender intereses deportivos del club, específicamente tres puntos del torneo nacional y otros tres relacionados con incidentes ocurridos en Avellaneda, Argentina, durante la Copa Sudamericana. Asimismo, aclaró que con Clark no mantienen una amistad social, sino una relación profesional basada en la coincidencia de edad y el trabajo compartido en el directorio.
En relación con el asesoramiento legal, Correa admitió haber revisado documentos y asesorado a Clark en su batalla legal contra la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por la OPA. Aseguró que este trabajo fue "ad honorem", negando cualquier tipo de relación comercial, boletas o pagos, afirmando que se ofreció a alegar la causa tras formarse una opinión propia sobre los papeles, aunque finalmente no llegó a litigar el caso.
La declaración también profundizó en la adquisición del 21,44% de Azul Azul el 12 de enero de 2025. Correa explicó que la familia Schapira tenía la intención de vender sus acciones, proceso que se realizó mediante un remate público a través de LarrainVial. Para concretar la compra por un monto de $6.716 millones, el abogado creó la sociedad Romántico Viajero SpA y recurrió al financiamiento de Sportscap Credit Fund LLC, propiedad de Patrick Kiblisky.
Correa fue enfático en negar que esta compra estuviera coordinada con la adquisición de Tactical Sport realizada por Michael Clark en diciembre de 2024. Argumentó que su operación ocurrió 13 meses después de la "no OPA" y que la sociedad compradora fue constituida 11 meses después de dicho evento. Además, negó la existencia de cualquier pacto de actuación conjunta con Clark o Inversiones Antumalal.
Finalmente, el vicepresidente admitió que no ha pagado la primera cuota del préstamo otorgado por Sportscap, monto que ascendía a US$ 436 mil y cuyo vencimiento fue el 15 de junio. Atribuyó este incumplimiento a la falta de tiempo para refinanciar la operación y señaló que, tras el allanamiento de su oficina el 4 de mayo, solicitó a Sportscap una reestructuración del financiamiento, comprometiéndose a pagar la cuota pendiente en diciembre.
Este testimonio ocurre en un contexto crítico para la dirigencia del club, ya que el fiscal Araya ha solicitado al Cuarto Juzgado de Garantía una audiencia para el 30 de julio con el fin de formalizar a 11 personas, entre ellas Michael Clark, por delitos de estafa, administración desleal, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado.
