Venezuela es un territorio sísmico, una realidad que, según expertos, debe ser aceptada plenamente por el Estado, las instituciones y la ciudadanía para trazar un camino de aprendizaje y prevención. Tras los eventos ocurridos el pasado 24 de junio, especialistas advierten que es imperativo implementar medidas concretas para evitar que miles de vidas y propiedades se pierdan nuevamente ante la ocurrencia de terremotos de grandes magnitudes en el país.
La experiencia de naciones como Chile, México y Japón sirve como hoja de ruta. Estos países, tras enfrentar experiencias devastadoras, han logrado reducir los daños mediante la inversión en infraestructura, tecnología y educación. Chile, por ejemplo, posee una de las normativas sísmicas para la construcción de edificaciones más exigentes del mundo. Según el doctor en geología y académico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), estas normas han sido "forjadas a sangre y destrucción", estableciendo estándares de resistencia similares a los de Japón.
En el caso chileno, el Instituto Nacional de Normalización publicó en 2026 la nueva versión (NCh433:2026) del Diseño sísmico de edificios. Esta normativa es el resultado de años de trabajo colaborativo entre especialistas en geotecnia e ingeniería estructural. La norma establece que el diseño de los edificios debe considerar obligatoriamente la zonificación sísmica del suelo, las características dinámicas de la estructura y la importancia del uso del inmueble. Respecto a los materiales, el doctor Leonardo Brescia, también de la Usach, explica que la infraestructura en altura se construye predominantemente con hormigón armado reforzado con mallas o barras de acero, permitiendo una mayor resistencia a la flexión, tracción y compresión.
Por su parte, México ha centrado sus esfuerzos en la detección temprana y la educación ciudadana. El punto de inflexión fue el terremoto de 8,1 magnitud ocurrido el 19 de septiembre de 1985, que causó al menos 10.000 muertes directas en la capital. Ante la escasa capacidad de respuesta de aquel entonces, el país creó instituciones como Protección Civil en mayo de 1986 y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres en septiembre de 1988.
México también invirtió en ciencia y tecnología, pasando de tener unos pocos sismógrafos en Ciudad de México a instalar alrededor de 100 estaciones con acelerómetros y sismógrafos en la costa del Pacífico. Además, implementó el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) en 1989, el cual emite señales auditivas a través de 14.500 altoparlantes. Para el año 2025, este sistema cubre a 25 millones de personas en ciudades como Puebla, Oaxaca, Toluca y Acapulco, permitiendo que la población evacúe hacia sitios seguros con decenas de segundos de anticipación.
Japón, ubicado entre cuatro placas tectónicas, ha integrado la resiliencia sísmica en su rutina social y física. Tras el terremoto de 1923 que dejó más de 140.000 víctimas, el país rediseñó sus normas de construcción a través de la Ley de Normas de Edificación de 1950 y la Nueva Enmienda de Normas de Edificación Sismorresistente de 1981. En Japón, los simulacros y planes de evacuación son cotidianos en escuelas y hogares, y las instituciones están equipadas con suministros de emergencia.
En contraste, la situación en Venezuela es crítica. La ingeniera geóloga Luiraima Salazar, egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), advierte que el país no aprendió del deslave de Vargas de 1999, ignorando estudios y recomendaciones sobre la vulnerabilidad de Caracas y la reconstrucción del litoral central, incluyendo aquellos realizados por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
Salazar señala la existencia de un "analfabetismo sísmico" en el país, ejemplificado por ciudadanos en La Guaira que ignoraron alarmas al no saber qué significaban. Asimismo, resalta que mientras Chile construye en zonas geotécnicamente estables de roca sólida, en La Guaira se levantaron edificaciones sobre sedimentos blandos, lo que provocó procesos de licuefacción del suelo y el consecuente colapso de las estructuras.
La precariedad técnica es otro punto alarmante. El geofísico Raúl Estévez, fundador del Laboratorio de Geofísica de la Universidad de los Andes, afirmó que Venezuela ha perdido el 98% de sus estaciones sismológicas en poco más de 50 años. Ante esto, la ingeniera Salazar hace un llamado para que la red sismológica nacional sea tratada como una cuestión de Estado, siendo reconstruida y modernizada urgentemente.
Finalmente, los expertos coinciden en que el país debe invertir en prevención y monitoreo científico permanente para no verse obligado a invertir posteriormente en reconstrucción basada en el dolor humano. La meta es lograr que el conocimiento sísmico se fije en la memoria colectiva para que, ante un evento natural, la población actúe de manera adecuada y no intuitiva.
