La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) ha presentado formalmente la obra titulada “Las puertas del infierno”, un libro que revela datos alarmantes sobre el abuso sexual eclesial en Bolivia. La publicación destapa la existencia de una estructura organizada de traslados e intercambios sistemáticos de menores de edad, quienes eran movilizados entre diversas unidades educativas dirigidas por sacerdotes jesuitas con el propósito deliberado de ser víctimas de abusos sexuales.
El libro fue redactado por Edwin Alvarado Terrazas, Wilder Flores Jaldín y Pedro Lima Salazar. El material, que consta de 130 páginas e incluye gráficos a colores para explicar la complejidad de los hechos, se fundamenta en testimonios de sobrevivientes, análisis detallados y, fundamentalmente, en documentos internos de la propia Compañía de Jesús. Según Wilder Flores, presidente de la CBS, la investigación se apoyó en cerca de diez mil páginas de documentos que fueron secuestradas de diversas curias jesuitas en las ciudades de La Paz, El Alto, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz.
Edwin Alvarado, secretario de Relaciones Internacionales de la CBS, señaló que esta publicación era una necesidad urgente para la comunidad de sobrevivientes, ya que gran parte de la información había sido clasificada como reservada por la Compañía de Jesús y permaneció confinada durante décadas en los cajones de sus curias departamentales. El objetivo central de la obra es contribuir a la construcción de la verdad histórica y exponer la realidad de congregaciones que, aunque se presentan al servicio de los más vulnerables, habrían cometido crímenes graves contra la libertad sexual de niños, niñas y adolescentes.
Uno de los aspectos más críticos detallados en "Las puertas del infierno" es el denominado circuito de traslado de víctimas. La investigación revela que los abusos no estaban limitados a recintos aislados, sino que existía una dinámica de movilidad geográfica. Testimonios recogidos indican un intercambio de víctimas entre centros: desde la Colonia Piraí se enviaban menores al Hogar de Niños Tacata para ser abusados, y viceversa. Asimismo, se reportan traslados desde la Colonia Piraí hacia el internado Juan XXIII, y de este último nuevamente hacia el hogar Tacata.
El libro detalla que el circuito se extendía incluso a zonas mineras de Oruro y Potosí, así como a la casa de retiros de la Taquiña, donde se habrían aplicado torturas y padecimientos sexuales. Además, se menciona que desde el hogar Tacata se convocaba a niños víctimas a las oficinas de Jorge Vila, fundador del DNI, donde este, junto al director del colegio Juan XXIII, Alfonso Pedrajas, cometía abusos.
Pedro Lima, vocero de la organización, calificó la complejidad de la información como evidencia de rasgos de una organización criminal. Según Lima, existen indicios de trata de niños y adolescentes para su victimización sexual, elementos que podrían calificar estos hechos como crímenes de lesa humanidad, todo ello bajo un manto de impunidad respaldado por una responsabilidad institucional innegable.
La investigación identifica a varios sacerdotes jesuitas que habrían facilitado estos traslados e intercambios, entre ellos: Jorge Vila, Eduardo Cabanac, Luis Roma, Álvaro Puente, Rafael Puente y Alfonso Pedrajas. Específicamente, sobre Jorge Vila, el libro denuncia abusos cometidos en inmuebles bajo su administración en el hogar de niños huérfanos de Tacata en Quillacollo, la parroquia La Merced y la Colonia Piraí. Un testimonio incluido en la obra relata cómo un menor de 15 años fue trasladado por Vila al campanario de La Merced bajo la promesa de capacitación vocacional, donde fue víctima de fetichismo y abusos.
Asimismo, el libro denuncia la complicidad institucional en el caso de la Colonia Piraí, fundada por los jesuitas Rafael y Álvaro Puente junto al sacerdote Miguel Parrilla. Se señala que los hermanos Puente tenían pleno conocimiento de los abusos cometidos por Parrilla y, al no denunciarlos ante la justicia boliviana, se convirtieron en cómplices o autores por omisión. Esta inacción se extiende al arzobispado de Santa Cruz, donde seis víctimas denunciaron los hechos en 2019 sin que, hasta la fecha, se hayan tomado medidas concretas.
Finalmente, la publicación menciona que nombres como los de Eduardo Canabac, Jorge Vila, Luis Roma, Alfonso Pedrajas y Carlos Villamil se repiten sistemáticamente en los registros de abusos del hogar Tacata. Ante estas revelaciones, la CBS critica la postura de la Compañía de Jesús, señalando que la institución ha mostrado indignación por el hecho de que sus clérigos sean llevados al banquillo de los acusados, en lugar de mostrarse indignada por los abusos cometidos contra niños vulnerables.
