La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido un llamado urgente para recaudar aproximadamente 300 millones de dólares destinados a brindar asistencia a 1,3 millones de personas afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. De manera paralela, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido que la emergencia sanitaria en el país está lejos de haber concluido, situando la respuesta médica en una etapa decisiva.
El impacto de los sismos fue especialmente devastador en el estado de La Guaira, zona donde se concentró la mayor parte de la destrucción material. En esta región, miles de ciudadanos han dependido de la instalación de cocinas móviles, clínicas temporales y hospitales de campaña desplegados por agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales. Esta asistencia no solo está dirigida a quienes perdieron la totalidad de sus viviendas, sino también a personas que, aunque conservan sus hogares, carecen de acceso a medicamentos básicos o atención médica especializada.
Tom Fletcher, jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, señaló que las necesidades de la población han evolucionado con el transcurso de las semanas. Según Fletcher, tras los primeros quince días, se ha observado un cambio en el perfil de los pacientes que acuden a los centros de ayuda; mientras que inicialmente predominaban las fracturas y traumas físicos inmediatos, ahora la población demanda tratamientos para necesidades de salud de largo plazo.
En la comunidad de Catia La Mar, los equipos médicos han reportado un incremento alarmante de enfermedades cutáneas y casos de diarrea. Asimismo, ha aumentado la solicitud de fármacos para patologías crónicas, específicamente para el tratamiento de la hipertensión y la diabetes. Los profesionales de la salud vinculan el surgimiento de estas enfermedades al hacinamiento en los refugios y a las deficientes condiciones de saneamiento y acceso al agua potable, problemas que ya afectaban a diversas comunidades antes de la catástrofe.
La realidad de los afectados se refleja en casos como el de Irma Echarri, de 67 años, quien acudió a una unidad médica móvil buscando reponer sus gotas oftálmicas y analgésicos, además de solicitar atención por un dolor persistente en la nariz surgido tras los sismos. A pesar de que su casa no sufrió daños, muchos de sus vecinos continúan pernoctando al aire libre o en refugios temporales.
Las cifras oficiales son contundentes. Los dos terremotos, con magnitudes de 7,2 y 7,5 y separados por solo 39 segundos, provocaron la muerte de 3,811 personas y dejaron 16,740 heridos. En cuanto a la infraestructura, se reportó el colapso de 190 edificios y daños en otros 856. El Gobierno interino, liderado por Delcy Rodríguez, estimó que cerca de 18,000 personas quedaron sin hogar, obligándolas a ocupar plazas, escuelas, parques y aceras.
Otra de las víctimas es Zulbey Reyes, de 41 años, quien perdió su empleo como niñera y acudió a una clínica gestionada por la organización Paluz y el Comité Internacional de Rescate debido a un fuerte dolor en el pecho, diagnosticado posteriormente como una inflamación nerviosa producto del estrés y los gritos vividos durante el desastre.
La crisis ha golpeado severamente al sistema de salud local. Armando Denegri, representante de la OPS en Venezuela, informó que el 50% de los profesionales de la salud en La Guaira resultaron afectados directamente, ya sea por fallecimiento, desaparición o graves consecuencias personales y familiares.
En términos económicos, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres estimó que los daños físicos directos en infraestructura y viviendas alcanzan los 37,000 millones de dólares. Por su parte, la OPS ha movilizado 9 millones de dólares de los 24 millones necesarios para atender la emergencia sanitaria. Jarbas Barbosa, director de la OPS, enfatizó que las prioridades actuales son salvar vidas, mantener los servicios esenciales de salud y prevenir nuevos riesgos sanitarios.
Ciro Ugarte, director de Emergencias de la OPS, subrayó que el financiamiento internacional es de "extrema urgencia", aclarando que los fondos no son para rehabilitación, sino para la respuesta inmediata y la recuperación de servicios básicos. Actualmente, operan en el país dos equipos médicos internacionales de emergencia y se han recibido seis toneladas métricas de insumos desde Panamá, con aportes de la Unión Europea, Canadá, España, la OMS y Naciones Unidas.
Finalmente, Tom Fletcher destacó un cambio significativo en la dinámica política, señalando que, ante la magnitud de la crisis, el Gobierno venezolano y las organizaciones humanitarias han dejado de lado las restricciones y acusaciones de años anteriores para concentrarse exclusivamente en salvar vidas.
