El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha generado un intenso debate político al calificar las restricciones impuestas por la legislación electoral como una “papagaiada desgraçada” (tontería desgraciada). Más allá del malestar personal del mandatario, sus declaraciones han puesto de manifiesto una contradicción profunda que afecta la estructura del sistema político brasileño: la existencia de una denominada “precampaña”, la cual es percibida hoy en día como una mera ficción legal.
En la práctica, la política brasileña parece haber entrado en modo campaña hace tiempo, a pesar de que la legislación y los propios actores políticos continúen sosteniendo formalmente que se encuentran en una fase previa. De cara a la disputa presidencial de 2026, el concepto de “pre” ha perdido vigencia. Mientras el presidente Lula recorre el país anunciando inversiones y obras públicas, el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) organiza viajes, moviliza a sus seguidores y construye su propio palanque a nivel nacional. Al mismo tiempo, los partidos políticos ya articulan alianzas, testean discursos y ajustan sus estrategias electorales.
Esta realidad se refleja diariamente en el noticiero, que se centra en el seguimiento de encuestas, movimientos electorales y diversos escenarios para octubre. Incluso los tribunales ya están procesando una acumulación de acciones que son típicas de una campaña en pleno desarrollo. A pesar de todas estas evidencias, los protagonistas siguen siendo tratados oficialmente como “precandidatos”, manteniendo la ilusión de que la carrera electoral se encuentra todavía en una etapa de preparación.
No obstante, el texto subraya que las restricciones previstas en la legislación electoral siguen siendo indispensables para la salud de la democracia. El objetivo fundamental de estas normas es evitar que quienes ostentan el poder utilicen la máquina pública en beneficio propio. Es imperativo establecer una frontera clara entre el Estado, el gobierno y la campaña electoral, limitando el uso de la publicidad institucional para impedir que la estructura administrativa se transforme en una ventaja competitiva desleal.
Los acontecimientos recientes han evidenciado la brecha entre la norma y la realidad. Antes de que comenzaran las restricciones electorales, el presidente Lula participó en 19 agendas públicas distribuidas en siete Estados, acelerando el anuncio de inversiones e inaugurando un canteiro de obras y un túnel que aún no contaba con agua. Posteriormente, Lula manifestó que, aunque ya no podía inaugurar obras, continuaría visitando aquellas que tuviera pendientes. En sus propias palabras, comparó el periodo de restricciones con el “defeso” de la pesca, explicando que así como no se puede pescar durante la época de desove, ahora no se puede inaugurar nada hasta las elecciones.
Este fenómeno no es exclusivo del actual mandatario. En el año 2022, Jair Bolsonaro, quien entonces era el presidente, recorrió el país mediante motociatas y grandes eventos públicos mucho antes del inicio oficial de la campaña, lo que suscitó el mismo debate sobre los límites de la actividad política. Un caso reciente en Paraíba refuerza esta tensión: la Justicia Electoral ordenó la retirada de videos del cantante Wesley Safadão, luego de que este realizara un gesto asociado a la precandidatura del senador Efraim Filho (PL-PB) al gobierno del Estado durante un espectáculo de São João en Campina Grande. En estos ejemplos, la controversia no radica en pedidos explícitos de voto, sino en la dificultad de definir dónde termina la manifestación política y dónde comienza la campaña formal.
Las cifras respaldan esta distorsión. Antes de la apertura oficial de la campaña, los equipos jurídicos de Lula y Flávio Bolsonaro ya habían presentado más de cien representaciones ante el Tribunal Superior Electoral (TSE). Este volumen de litigios plantea una pregunta inevitable: si la campaña aún no ha comenzado legalmente, ¿cómo es posible que ya domine la agenda política nacional y sature los tribunales?
Ante este escenario, surge la necesidad de discutir de manera realista cómo impedir que el ejercicio del poder se utilice para perpetuarlo. Proteger rigurosamente esa frontera es lo que asegura la igualdad entre los competidores y preserva las instituciones. Si bien no tiene sentido abandonar las reglas, sí resulta anacrónico insistir en la ilusión de que el concepto de “precampaña” regula la realidad actual. Para evitar que la legislación se convierta en un ejercicio de simulacro, Brasil requiere de reglas más claras, realistas y eficaces.
