La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha formalizado una solicitud dirigida al monarca británico, el rey Carlos III, con el objetivo de obtener la liberación de las reservas de oro que se encuentran actualmente retenidas en el Banco de Inglaterra. Esta petición surge en un contexto de emergencia nacional, ya que el gobierno venezolano pretende destinar dichos recursos financieros para gestionar la respuesta ante la devastadora tragedia provocada por los recientes terremotos que han azotado el país.
Según los datos oficiales proporcionados, el doble sismo ha dejado un saldo trágico de al menos 3.811 personas fallecidas. Ante esta situación, Rodríguez enfatizó la necesidad imperiosa de contar con estos activos, argumentando que el metal precioso es propiedad de la ciudadanía venezolana. Durante una transmisión oficial a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria fue enfática al señalar que "ese oro es de nuestro pueblo y ese oro debe estar para atender las consecuencias terribles y trágicas de este doble terremoto".
Más allá de la solicitud específica al Reino Unido, la presidenta encargada aprovechó la oportunidad para exigir nuevamente el cese total de las sanciones impuestas contra Venezuela. Rodríguez denunció la persistencia del bloqueo de recursos que, según su criterio, son fundamentales para ejecutar un proceso de reconstrucción nacional. La mandataria subrayó que estos fondos son indispensables no solo para la atención inmediata de la emergencia, sino también para lograr una "recuperación integral en el empleo, en el trabajo y en la educación" de la población afectada.
En el marco de estas gestiones internacionales, Rodríguez informó sobre una comunicación sostenida el pasado martes con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. El propósito de dicha llamada fue solicitar la liberación de los recursos bloqueados de Venezuela que permanecen bajo la custodia de esa institución financiera global. Con estas acciones, la mandataria busca demostrar que el país posee la capacidad financiera propia para superar la crisis, afirmando que "Venezuela tiene recursos con qué recuperarse y con qué levantarse".
No obstante, el panorama financiero del Estado venezolano sigue siendo complejo. A pesar de que recientemente se han producido algunos alivios en las sanciones por parte de Estados Unidos, el país continúa enfrentando restricciones estructurales significativas. Diversos fondos y bienes del Estado venezolano permanecen congelados o bajo control extranjero. Entre los activos más relevantes se encuentran las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, valoradas en aproximadamente 2.000 millones de dólares, así como los activos de Citgo, que es la filial de la empresa estatal Pdvsa en territorio estadounidense.
Desde el ámbito multilateral, el jefe humanitario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, manifestó este miércoles a la Agencia EFE que es necesario flexibilizar las sanciones impuestas a Venezuela. Fletcher argumentó que esta medida es crucial para garantizar que la ayuda humanitaria llegue sin contratiempos a las zonas afectadas y para facilitar la implementación de los planes de recuperación tras el doble terremoto.
El análisis de Fletcher se centró especialmente en la región de La Guaira, situada al norte y aledaña a Caracas, la cual ha quedado devastada por los sismos. El funcionario de la ONU advirtió que la magnitud del desastre provocará una "situación económica muy difícil" para la zona, alertando además que el impacto de los sismos restará "varios puntos al Producto Interno Bruto (PIB)" nacional, complicando así la estabilidad económica del país.
A este clamor se ha sumado la comunidad académica y técnica. Un grupo compuesto por 113 economistas y académicos ha presentado una petición formal al Gobierno de Estados Unidos para que se levanten las sanciones vigentes. Asimismo, este colectivo ha reclamado al Fondo Monetario Internacional que facilite el acceso de Venezuela a los mecanismos financieros internacionales, considerándolo un paso necesario para que el país pueda afrontar la emergencia humanitaria y económica derivada de los desastres naturales.
