La Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto contenido en el boletín 16743, cuya finalidad principal es facilitar la creación de establecimientos educacionales particulares subvencionados. Esta iniciativa busca ampliar y mejorar la oferta de matrícula disponible para los estudiantes, asegurando así la continuidad y la estabilidad del servicio educativo en el país.
La propuesta legislativa tuvo su origen en el Senado, surgiendo como una respuesta directa a la falta de cupos detectada en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), así como a la crisis de infraestructura y de calidad que afecta actualmente al sistema educativo. Antes de llegar a la Sala, el texto fue sometido a un proceso de perfeccionamiento en las comisiones de Hacienda y de Educación de la Cámara, donde recibió respaldos mayoritarios que permitieron su despacho a un tercer trámite legislativo.
De acuerdo con las declaraciones de la ministra de Educación, María Paz Arzola, el objetivo de esta iniciativa es mantener una legislación dinámica. Para lograrlo, el proyecto se sustenta en cuatro ejes fundamentales de cambio. En primer lugar, se propone eliminar diversas restricciones que, hasta el momento, han dificultado la expansión y creación de proyectos educativos. Entre estas medidas, destaca la posibilidad de arrendar inmuebles para el funcionamiento de los establecimientos, siempre bajo una regulación estricta. Asimismo, se amplían los plazos para que los sostenedores puedan adquirir inmuebles y se actualizan las normas transitorias, asegurando que se mantengan plenamente los estándares de reconocimiento oficial y de infraestructura.
En segundo lugar, la propuesta plantea un cambio de paradigma en la asignación de recursos. Se reemplaza la lógica centrada exclusivamente en la existencia de vacantes por una visión que permita responder con mayor eficacia a las necesidades específicas de cada comuna y región. En este sentido, el proyecto elimina el requisito de acreditar una demanda insatisfecha para que los colegios particulares puedan acceder a la subvención estatal. Además, se establece que el Ministerio de Educación (Mineduc) tendrá la obligación de publicar y actualizar periódicamente la información relativa a la demanda educacional, contemplando también herramientas excepcionales para garantizar la continuidad del servicio en situaciones de emergencia.
El tercer eje se enfoca en el fortalecimiento de la calidad de la gestión educativa. La normativa permitirá que aquellos sostenedores que cuenten con un desempeño calificado como medio o alto puedan celebrar convenios de administración con otros establecimientos, con el fin de mejorar la gestión y la calidad educativa general. Adicionalmente, se regulan los casos específicos para la transferencia de la calidad de sostenedor, resguardando el proyecto educativo institucional y el servicio. También se habilita la posibilidad de fusionar establecimientos que pertenezcan a un mismo sostenedor.
Finalmente, el proyecto fortalece las herramientas de gestión de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Estos organismos quedan facultados para celebrar convenios de administración con entidades sin fines de lucro u organismos públicos, manteniendo siempre la responsabilidad ante la Superintendencia de Educación y asegurando los derechos laborales de todos los trabajadores involucrados.
Durante el debate en la Cámara, participaron numerosos parlamentarios, entre ellos Macarena Santelices, Ana María Gazmuri, Eileen Urqueta, Hotuiti Teao, Luis Pardo, Germán Verdugo, Chiara Barchiesi, René Alinco, César Valenzuela, Carlos Bianchi, Emilia Schneider, Daniela Serrano, Cristian Neira, Javier Olivares, Jaime Coloma, Jorge Díaz, Jorge Guzmán, Diego Vergara, Fabián Ossandón, Marcos Barraza, Sergio Bobadilla, Juan Santana, Andrés Celis, José Antonio Kast Adriasola, Alejandra Valdebenito, Cristián Tapia, Hans Marowski, Carolina Cucumides, Paula Olmos, José Montalva, Álvaro Jofré, Luis Alberto Cuello, Stephan Schubert, Daniel Lilayu, Agustín Romero y Ricardo Neumann.
La mayoría de los legisladores apoyó la propuesta, subrayando la urgencia de resolver los problemas de oferta educativa y brindar a las familias opciones de mayor calidad. Valoraron especialmente la eliminación de barreras burocráticas, como la exigencia de propiedad de los inmuebles y la acreditación de demanda insatisfecha. Algunos parlamentarios del sector favorable aprovecharon la instancia para llamar a reforzar la educación pública y rural, así como a mejorar la infraestructura escolar.
No obstante, el proyecto también enfrentó críticas. Algunos sectores plantearon una defensa más férrea de la educación pública, calificando la iniciativa como un retroceso. Estos críticos acusaron que el proyecto fomenta una privatización velada del sistema público mediante el uso de fondos estatales y sostuvieron que el problema de la falta de matrícula es un fenómeno focalizado solo en ciertos territorios y no generalizado.
En cuanto a las votaciones, el texto fue aprobado primero en general, contando con más de 100 votos favorables en dos votaciones distintas. Posteriormente, se procedió a la sanción del articulado mediante nueve votaciones. El texto final se mantuvo prácticamente igual al despachado por las comisiones, con la única excepción de una norma relacionada con los inmuebles arrendados que fue eliminada. Todas las indicaciones presentadas fueron rechazadas.
