La Registraduría Nacional del Estado Civil ha emitido un comunicado oficial para desmentir las declaraciones del representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, quien había denunciado la presunta irregularidad de un jurado de votación que, según sus afirmaciones, habría "revivido" para participar en el proceso electoral. Tras una revisión técnica de los documentos, la entidad aclaró que no se trató de un caso de fraude, sino de un error humano en el diligenciamiento de un formulario que fue posteriormente contrastado y corregido.
El punto central de la controversia surgió a raíz de una denuncia pública realizada por el representante Ocampo, quien a través de un video aseguró que personas fallecidas habían sido designadas como jurados de votación en el exterior. En sus declaraciones, el congresista afirmó taxativamente: “Este jurado de votación que firma aquí falleció hace 22 años, pero resucitó para la segunda vuelta presidencial en Estados Unidos. Esa es la patria milagro, los muertos votan y son jurados. Más corrupción en el video”. En dicha pieza audiovisual, Ocampo sostuvo que se encontraba realizando una investigación sobre las elecciones en el exterior y manifestó su convicción de que los resultados no fueron producto de una derrota electoral, sino de un robo.
Ante estas acusaciones, la Registraduría Nacional salió al paso para precisar los hechos y brindar transparencia sobre la identidad del ciudadano involucrado. La entidad fue enfática al señalar que no es cierto que una persona fallecida haya prestado servicios como jurado de votación en la segunda vuelta presidencial en territorio estadounidense. De acuerdo con la información suministrada por el organismo electoral, la cédula de ciudadanía mencionada en la denuncia corresponde a Francisco Leonidas Vargas Corredor, quien efectivamente cumplió con sus funciones como jurado de votación en la mesa 3 del puesto de votación 4, ubicado en la ciudad de Charlotte, Atlanta.
Para explicar el origen de la confusión, la Registraduría detalló que el incidente se debió a un error involuntario en el formulario E-14 de delegados, el cual involucra al cónsul y al embajador. En dicho documento, el jurado omitió accidentalmente un dígito de su número de identificación. No obstante, la entidad aseguró que este error fue comprobado y ajustado con posterioridad para reflejar la identidad correcta del ciudadano.
Con el objetivo de respaldar su posición, la Registraduría informó que las tres actas electorales —las de delegados, las de transmisión y las de claveros— se encuentran debidamente digitalizadas y están disponibles para la consulta pública a través de su página web oficial. La entidad subrayó que, al realizar el cotejo de estas actas y compararlas con la resolución de designación de jurados, se puede confirmar sin lugar a dudas cuál es el número de identificación correcto del ciudadano que prestó el servicio.
Este episodio se enmarca en una narrativa de supuesto fraude electoral que ha sido impulsada no solo por el representante Ocampo, sino también por el presidente Gustavo Petro. El mandatario ha emitido mensajes recientes cuestionando la legalidad de los procesos en el exterior, haciendo énfasis en las mesas donde Abelardo De La Espriella obtuvo 177.000 votos más que Cepeda. Petro alegó que en Estados Unidos y España hubo jurados provenientes de Colombia que no residían en esos países, calificando la situación de ilegal. Asimismo, el presidente afirmó que hubo electores trasladados para el mundial de fútbol que habrían votado hasta siete veces utilizando nombres de personas que nunca acudieron a las urnas.
La tensión política derivada de estas críticas ha tenido consecuencias inmediatas en la transición de mando. El presidente electo, Abelardo De La Espriella, tomó la decisión de suspender el proceso de empalme que se venía adelantando con el gobierno actual. El abogado anunció que dio instrucciones precisas al vicepresidente electo de la República para detener de manera inmediata este proceso, refiriéndose a la actual administración como un "gobierno corrupto que termina su periodo". De La Espriella justificó esta medida señalando que el gobierno, a través de sus decisiones y conducta, pretende destruir a Colombia.
