La ciudad de Santa Cruz se enfrenta a una situación crítica en el suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP), un escenario que se suma a las dificultades ya existentes en el abastecimiento de combustibles como la gasolina y el diésel. En las últimas horas, la preocupación de la ciudadanía ha crecido, manifestándose en largas filas y una creciente incertidumbre sobre la disponibilidad de este energético esencial para los hogares.
Ante el incremento sostenido de la demanda, las empresas distribuidoras de GLP han tomado medidas drásticas para intentar mitigar el impacto y asegurar que el producto llegue a la mayor cantidad de personas posible. Desde el pasado martes, diversas distribuidoras han implementado una restricción en la venta, limitando la adquisición a un máximo de dos garrafas por persona. Esta decisión responde a la observación de que, al inicio de la semana, numerosos ciudadanos acudían a los centros de distribución portando múltiples envases, buscando asegurar el suministro ante la inestabilidad del servicio.
Un ejemplo claro de esta medida se ha implementado en la distribuidora ubicada en la avenida Santo Dumont y sexto anillo, en la zona sur de la capital cruceña. Desde este punto, se informó que la limitación es necesaria para evitar el acaparamiento y garantizar un reparto más equitativo entre los vecinos que buscan el insumo.
Sin embargo, la situación en los barrios es alarmante. Los residentes denuncian que los camiones repartidores han dejado de circular por sus zonas desde hace varios meses, lo que ha obligado a los vecinos a trasladarse personalmente hasta las plantas distribuidoras, cargando sus propios envases y enfrentando esperas prolongadas en filas. Esta ausencia de distribución domiciliar ha generado un vacío que ha sido aprovechado por algunos sectores.
Uno de los puntos más críticos es la aparición de un mercado paralelo en las tiendas de barrio. Mientras que el precio autorizado y oficial del GLP es de Bs 22,50, los vecinos denuncian que en algunos comercios locales el producto se está comercializando hasta por Bs 40. Esta distorsión de precios es calificada como especulación, aprovechando la desesperación de los consumidores que no tienen acceso a los canales oficiales de distribución.
Desde el sector empresarial, la situación logística es igualmente compleja. Fernando Segovia, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de GLP, ha revelado un dato preocupante sobre la infraestructura operativa. Según Segovia, las empresas afiliadas están trabajando actualmente con tan solo el 25% de su parque de garrafas. El resto de los envases se encuentran fuera de circulación debido a diversos daños, lo que reduce drásticamente la capacidad de respuesta logística frente a la sobredemanda actual.
Segovia explicó que esta limitación técnica dificulta significativamente la distribución, especialmente ahora que las bajas temperaturas propias de la temporada invernal han disparado el consumo de gas en los hogares. A pesar de estas limitaciones, el dirigente aseguró que el despacho del producto continúa y descartó la existencia de un desabastecimiento total, aunque admitió que existe una incertidumbre generalizada y una tendencia a la especulación, impulsada por la baja de las reservas de hidrocarburos a nivel nacional. Ante este panorama, Segovia ha recomendado a la población realizar compras anticipadas para evitar contratiempos.
Por su parte, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha identificado dos causas principales para este incremento en la demanda. En primer lugar, el factor climático, ya que el invierno eleva el consumo de GLP. En segundo lugar, se ha señalado la falta de engarrafado por parte de la empresa Pailón Gas, una falla operativa que ha obligado a la empresa estatal YPFB a asumir directamente la distribución en el departamento de Santa Cruz para intentar estabilizar el servicio.
La crisis refleja una combinación de factores logísticos, climáticos y operativos que han puesto bajo presión el suministro de un servicio básico, dejando a los consumidores cruceños entre las restricciones de venta, la falla de los repartidores barriales y la especulación de precios en los puntos de venta minoristas.
