El Tribunal de Juicio de Orán ha dictado una sentencia definitiva en uno de los casos más impactantes de la región, condenando a prisión perpetua a Víctor y Gonzalo Salvatierra. Los hermanos fueron hallados culpables del asesinato de Pablo César Almaraz, un peón rural de 41 años cuya muerte conmocionó a la comunidad debido a la extrema violencia empleada en el acto. El cuerpo de la víctima fue hallado en circunstancias atroces a la vera de la ruta nacional 34, en la provincia de Salta, presentando signos evidentes de tortura y una ejecución planificada.
La resolución judicial determinó que ambos hombres actuaron como coautores del delito de homicidio doblemente calificado. Los magistrados fundamentaron la máxima pena prevista por el Código Penal argentino basándose en dos agravantes fundamentales: la alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas. Estas calificaciones subrayan que el crimen no fue un hecho azaroso, sino un ataque ejecutado con ventaja sobre la víctima y bajo una planificación previa entre los victimarios.
Como consecuencia inmediata del fallo, el tribunal dispuso el traslado urgente de Víctor y Gonzalo Salvatierra a la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán, donde cumplirán su condena. Asimismo, la sentencia incluyó la orden de incorporar a los condenados al Banco de Datos Genéticos, una medida estándar en delitos de esta gravedad para fortalecer los registros judiciales y forenses.
El proceso judicial contó con la intervención directa de la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, quien se desempeña como titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán y representó al Ministerio Público Fiscal. Durante el desarrollo del juicio oral, la fiscalía sostuvo que tres hombres, con edades de 29, 31 y 39 años, habían participado activamente en la ejecución del crimen, solicitando la pena máxima para todos ellos, un pedido que fue secundado por la querella.
Los hechos que dieron lugar a este proceso se remontan al 1° de octubre de 2022. En esa fecha, el sistema de emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre el hallazgo de un cuerpo humano entre las localidades de Pichanal y Colonia Santa Rosa. Al arribar al lugar, los investigadores confirmaron que se trataba de Pablo César Almaraz. El escenario del crimen reveló la crudeza del ataque: el peón rural había sido decapitado y tenía las manos atadas, elementos que permitieron a los peritos encuadrar el hecho, desde el inicio, como un homicidio agravado.
El tribunal estuvo compuesto por los jueces Norma Roxana Palomo, Mario Maldonado y Fabián Fayos. A lo largo de varias jornadas de debate, los magistrados analizaron las declaraciones de diversos testigos, los informes de peritos especializados y los planteos presentados por las defensas. Los abogados de los imputados insistieron durante todo el proceso en que no existían pruebas directas que vincularan a sus representados con el homicidio, intentando desestimar las evidencias presentadas por la fiscalía.
Un punto determinante del veredicto fue la situación del tercer acusado. A diferencia de los hermanos Salvatierra, este hombre fue absuelto por el tribunal. Los jueces resolvieron aplicar el beneficio de la duda, entendiendo que los elementos recolectados durante la investigación no eran suficientes para vincularlo de manera directa y fehaciente con el crimen, ordenando así su inmediata liberación.
La reconstrucción del homicidio fue posible gracias a un exhaustivo trabajo de la fiscalía, que utilizó pericias técnicas, testimonios y elementos materiales recolectados en la escena del crimen. Los informes forenses fueron categóricos al concluir que Almaraz fue víctima de un ataque planificado y ejecutado con una violencia extrema, descartando cualquier posibilidad de que el hecho hubiera sido impulsivo o fortuito. En este sentido, la ubicación exacta donde apareció el cuerpo, al costado de la ruta nacional 34, resultó ser una pieza clave para comprender la mecánica del crimen y el contexto en el que se desarrolló la ejecución.
Finalmente, antes de la lectura del fallo, el Tribunal otorgó a los acusados el derecho de pronunciar sus últimas palabras. Tras este paso procesal, los magistrados deliberaron y confirmaron la culpabilidad de los hermanos Salvatierra, cerrando así un proceso judicial marcado por la brutalidad del delito y la búsqueda de justicia para la familia de la víctima.
