David Streever, residente de Rochester, Nueva York, ha presentado una demanda contra varios funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras ser blanco de lo que describe como tácticas de intimidación. La acción legal surge después de que agentes federales visitaran su hogar y lo rastrearan en un hotel, como respuesta a un correo electrónico crítico que el ciudadano envió a un alto mando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los hechos se originaron en enero, luego de que Alex Pretti muriera baleado por agentes federales en Minneapolis, en un contexto de incremento de las acciones migratorias. Destrozado por el suceso, Streever envió un correo electrónico de tres párrafos a Todd Lyons, quien en aquel momento se desempeñaba como director interino de ICE. En el mensaje, titulado "¿Qué sigue?", Streever comparó a Lyons con un funcionario nazi y le advirtió que su conciencia lo atormentaría por justificar las acciones de los agentes que mataron a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis.
En el contenido del correo, Streever escribió: "Nunca conocerás la paz", y añadió que Lyons intentaría escapar de la carga de conocer la verdad sobre sí mismo, pero que se encontraría consigo mismo dondequiera que fuera, atormentándose hasta su último día en la Tierra. Poco después de estos incidentes, el presidente Donald Trump puso fin a la operación en Minneapolis debido a que la indignación pública por las muertes de Pretti y de Renee Good, también fallecida a manos de un agente de ICE, se volvió insostenible.
Cinco meses después del envío del correo, el 23 de junio, dos agentes federales se presentaron en la casa de Streever en Rochester. Los agentes entregaron una notificación por escrito advirtiéndole que "PUEDE ESTAR VIOLANDO LA LEY FEDERAL" al presuntamente amenazar a funcionarios federales. En el momento de la visita, Streever se encontraba en Europa con su hija. Su esposa fue quien recibió a los agentes mientras estos se retiraban, informándoles que su esposo regresaría más tarde esa semana. Según la demanda, un tercer agente apareció posteriormente en el vestíbulo de un hotel de la ciudad de Nueva York donde Streever y su hija se hospedaban al regresar al país.
Ante estos hechos, Streever fue representado por la Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), una organización sin fines de lucro de derechos civiles. A través de un comunicado, los abogados de FIRE afirmaron que "la Primera Enmienda protege incuestionablemente las críticas de Streever". La demanda alega que los agentes del gobierno llevaron a cabo "gestiones extraordinarias de confrontación e intimidación", provocando ansiedad y angustia tanto en Streever como en su familia, quienes ahora temen nuevas represalias por sus críticas a las políticas del DHS y de ICE.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional respondió mediante un comunicado asegurando que ICE "investiga todas las amenazas creíbles contra sus empleados y agentes", incluyendo aquellas dirigidas al director de la agencia. El portavoz añadió que, por política institucional, no comentan sobre investigaciones que se encuentran en curso. Todd Lyons, quien dejó su cargo en ICE a finales de mayo, no ha respondido a las solicitudes de comentarios.
El caso de Streever no es un hecho aislado en Nueva York. En Syracuse, una mujer identificada como Paigelynn Gonyea recibió una carta de advertencia similar por parte de agentes federales mientras trabajaba en un centro de votación durante las elecciones primarias del 23 de junio. Gonyea señaló que la visita se debió a una publicación en redes sociales realizada en enero sobre Jonathan Ross, el agente de ICE que disparó mortalmente a Renee Good. No obstante, el DHS precisó que Gonyea no solo mencionó el nombre de Ross, sino que también publicó su dirección residencial.
La Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) ha condenado estas acciones. Perry Grossman, abogado supervisor de la organización, afirmó que ICE está rastreando a personas como Streever y Gonyea sin otro motivo que intentar intimidar a quienes denuncian los "abusos desenfrenados" de la agencia. Grossman subrayó que exigir rendición de cuentas a los agentes responsables de matar ciudadanos estadounidenses es un derecho fundamental de la Primera Enmienda en el que el Gobierno no debe interferir.
Este conflicto se enmarca en un debate más amplio sobre la aplicación de las leyes migratorias bajo la administración de Trump. Mientras el DHS sostiene que las amenazas contra sus agentes han aumentado exponencialmente durante el segundo mandato de Trump, críticos señalan que la agencia agrupa actos protegidos legalmente, como filmar operativos, con amenazas violentas reales. Además, se han reportado casos donde funcionarios, como el zar de la Frontera Tom Homan, han insinuado cargos penales contra opositores, como la representante Alexandria Ocasio-Cortez. Asimismo, reportes indican el uso de una ley federal poco conocida para detener a ciudadanos estadounidenses por obstrucción, aunque muchos de estos cargos suelen desestimarse tras un escrutinio legal.
