El senador independiente Miguel Ángel Calisto se encuentra en una situación jurídica crítica tras la entrega de una declaración detallada por parte de Roland Cárcamo, quien fuera un colaborador cercano al parlamentario. El testimonio, entregado el pasado 23 de junio a las 9:05 de la mañana en la ciudad de Osorno, describe una compleja trama de irregularidades que incluye fraude al Fisco, cohecho y tráfico de influencias, dejando al congresista enfrentando una posible pena de hasta 12 años de cárcel.
Según la declaración a la que se tuvo acceso, Cárcamo confiesa haber ayudado directamente a Calisto en la obtención de recursos provenientes del Congreso para beneficio personal del senador. El imputado detalla cómo orquestaron proyectos que nunca llegaron a ejecutarse y los mecanismos específicos que implementaron para evitar que sus maniobras fueran detectadas por las autoridades fiscalizadoras.
Uno de los puntos centrales del testimonio es la utilización de "palos blancos" para el desvío de fondos públicos. Cárcamo afirma que, tras apoyar la campaña de Calisto para diputado en 2018, idearon una fórmula para mantener su vínculo laboral mediante la contratación de la esposa de Cárcamo, Carla Graf, como asesora. Sin embargo, el imputado asegura que Graf no cumplía ninguna labor efectiva. De acuerdo con su relato, los informes de actividades, las firmas y las boletas de honorarios eran completados por el propio Cárcamo, por Miguel Ángel Calisto o por Marisol Fernández, secretaria del parlamentario en el Congreso.
Este esquema habría permitido la creación de lo que Cárcamo denomina una "caja pagadora". Los fondos que el Congreso pagaba a Graf, sumados a aportes personales de Cárcamo, se destinaban a una cuenta para cubrir gastos personales y políticos del senador. El imputado sostiene que estos recursos se utilizaban para el clientelismo político, financiando ayuda social para captar votos, gastos de oficina, alojamiento, cenas, insumos deportivos y terrenos, mencionando específicamente que parte del dinero se utilizó para pagar una parcela para el entonces diputado. Según el testimonio, el 70% de estos fondos se destinaba a gastos personales del diputado y el 30% a gestión política. Además, señala que otros beneficiarios de esta caja fueron Hugo Soto, trabajador de Calisto, y el excandidato a gobernador Felipe Klein.
La investigación también se extiende al uso de fundaciones para la captación de recursos. Cárcamo menciona la creación de la "Fundación Proyecto Futuro" en 2018, la cual operaba inicialmente en la oficina parlamentaria y luego en la casa de Georgina Calisto, madre del senador. A través de esta entidad, se habrían gestionado fondos internacionales. El imputado relata que recibieron más de 20 mil dólares de Taiwán para la compra de calefactores destinados a adultos mayores, aunque asegura que algunos de estos equipos quedaron en la casa del senador y la de su madre, mientras que el destino de una parte del dinero es desconocido.
Asimismo, denunció que la embajada de Israel aportó cerca de diez millones de pesos para un proyecto de conectividad digital. De esa suma, cinco millones se utilizaron en tablets que fueron repartidas en Puyuhuapi y Cisnes, mientras que el resto habría sido destinado a gastos personales de Calisto. A esto se suma un depósito de 10 mil dólares proveniente de la "Oscar Amuz Fundación" de Miami en 2023, destinado a ayuda social post-pandemia, dinero que, según Cárcamo, fue para Calisto y la diputada Johana Pérez.
En el ámbito del tráfico de influencias, el testigo afirma que el senador utilizaba información privilegiada obtenida en la Comisión de Constitución de la Cámara para presionar a funcionarios del Poder Judicial y obtener fallos favorables para él o personas relacionadas, mencionando en este contexto al exsenador Patricio Walker. Por su parte, Walker rechazó tajantemente estas acusaciones, calificándolas de completamente falsas.
Finalmente, la declaración aborda un presunto soborno al exfiscal Carlos Palma. Cárcamo relata que, tras un incidente de conducción en estado de ebriedad en 2024, se intentó cerrar su causa y la causa de fraude mediante un pago de 14 millones de pesos en efectivo a Palma. El imputado afirma haber aportado cuatro millones a través de Gianni Rivera Foo, asesor de Calisto, mientras que los diez millones restantes habrían sido gestionados por Andrés Rivadeneira en nombre del senador.
La defensa del parlamentario, liderada por el abogado César Ramos, ha sostenido que el testimonio de Cárcamo carece de validez, ya que fue entregado en un contexto donde el imputado buscaba un acuerdo con el Ministerio Público para obtener una rebaja de penas y poner fin a su prisión preventiva. No obstante, la Fiscalía ha otorgado credibilidad a los dichos, los cuales ya permitieron que el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, abriera una segunda indagación contra el senador.
