La historia de la política suele ofrecer lecciones recurrentes sobre la diferencia entre la ejecución de un acto de poder y la sabiduría de su cálculo estratégico. Un ejemplo emblemático se remonta al año 1804, cuando Napoleón Bonaparte ordenó el fusilamiento del duque de Enghien. En aquel momento, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, una de las mentes políticas más lúcidas de su tiempo, sintetizó el impacto de dicha acción con una frase que ha trascendido los siglos: «Es peor que un crimen, es un error».
La observación de Talleyrand no se centraba en la legitimidad moral o jurídica de la ejecución, sino en el análisis frío de sus repercusiones. Para el diplomático, el acto no era cuestionable solo por su naturaleza violenta, sino porque el cálculo político detrás de la decisión era equivocado. La conclusión era clara: las consecuencias a largo plazo resultarían mucho más costosas y perjudiciales que cualquier ventaja inmediata que Napoleón pudiera haber obtenido con la eliminación del duque.
Bajo esta misma lógica de análisis, puede evaluarse la situación actual respecto a la figura de María Corina Machado y la decisión de impedir su regreso. Al analizar este escenario, el debate se desplaza desde las posiciones personales o ideológicas sobre su figura hacia una reflexión sobre la viabilidad de la normalización política. Resulta complejo proyectar un proceso de estabilización o normalización que prescinda de quien fue el liderazgo central de la oposición durante el proceso electoral de 2024.
El análisis sugiere que Machado conserva un capital político significativo dentro de su sector, lo que la convierte en una pieza fundamental en cualquier ecuación de resolución de conflictos. La premisa es que el peso político de un actor no desaparece por el hecho de ser marginado; al contrario, su ausencia en la mesa de negociaciones puede vaciar de contenido cualquier acuerdo alcanzado.
En este sentido, es fundamental comprender que toda transición política requiere elementos que vayan más allá de los simples acuerdos institucionales o los marcos jurídicos. Para que un proceso de cambio sea sostenible, necesita legitimidad ante una parte significativa de la sociedad. Ningún diseño jurídico, por sofisticado que sea, ni ningún cronograma electoral, por detallado que resulte, puede sustituir la participación efectiva de aquellos actores que una parte sustancial del electorado identifica como sus representantes legítimos.
La exclusión de estos actores no constituye una solución al problema político, sino que simplemente traslada la dificultad hacia el futuro. Cuando se margina a quienes ostentan la representación de un sector amplio de la población, se corre el riesgo de que cualquier resultado obtenido carezca de la aceptación necesaria para perdurar en el tiempo.
La experiencia comparada en materia de transiciones políticas refuerza esta tesis. La observación de diversos procesos muestra que las transiciones tienden a consolidarse y a alcanzar la estabilidad cuando logran incorporar a los principales actores involucrados en el conflicto. Por el contrario, los intentos de marginar a figuras clave suelen prolongar los periodos de incertidumbre y fragilidad política. La inclusión, en cambio, genera condiciones mucho más favorables para que los acuerdos sean aceptados por la ciudadanía y, por ende, sean sostenibles.
Por lo tanto, la acción de impedir el regreso de María Corina Machado no debería limitarse a un análisis desde la perspectiva jurídica o el ejercicio del poder político inmediato. Esta decisión merece ser evaluada estrictamente como una decisión estratégica. Desde esa óptica, se plantea la posibilidad de que esta medida termine siendo recordada por la historia no por la intención original de quienes la ejecutaron, sino por las consecuencias negativas y costosas que derive de ella, emulando así el error señalado por Talleyrand en el siglo XIX.
