El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, se encuentra planificando un incremento en las operaciones de control migratorio dentro de los lugares de trabajo. Según revelaron cinco fuentes familiarizadas con las discusiones internas, diversas agencias federales están coordinando estrategias para determinar cómo elevar el número de arrestos, con el objetivo de satisfacer las demandas de la base electoral del presidente.
Funcionarios gubernamentales han precisado que estas acciones no representan una política improvisada, sino que derivan de investigaciones penales que ya se encuentran en curso. Al respecto, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que se ha registrado un aumento en las pesquisas dirigidas específicamente al fraude. En sintonía con esto, un funcionario de la Casa Blanca subrayó que la administración ha mantenido investigaciones sobre diversas violaciones desde sus inicios, centrándose en asuntos como el robo de identidad, el fraude de beneficios y el fraude de asistencia social. La postura oficial es clara: si las investigaciones penales requieren la intervención de las autoridades para detener a quienes infringen la ley, el Gobierno de Trump procederá con la aplicación de la ley.
No obstante, esta estrategia se desarrolla en un complejo escenario de equilibrio interno. La administración intenta ejecutar un número histórico de deportaciones sin provocar una desestabilización en sectores económicos críticos. Industrias clave, que abarcan desde la manufactura hasta la construcción y la agricultura, podrían verse afectadas por redadas masivas, lo que pondría en riesgo una economía descrita como frágil. La sensibilidad de estas operaciones quedó en evidencia el año pasado, cuando una redada migratoria en una planta de Hyundai en Georgia desencadenó una disputa diplomática entre Estados Unidos y Corea del Sur.
La elaboración de la nueva estrategia involucra conversaciones continuas entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional. Según una de las fuentes consultadas, el plan actual incluye educar a los empleadores sobre sus responsabilidades legales en materia de contratación, además de priorizar los arrestos migratorios en aquellos centros de trabajo donde se haya detectado actividad criminal. Sin embargo, se advirtió que estos planes aún están en proceso de desarrollo y podrían sufrir modificaciones.
Desde el punto de vista operativo, la implementación de estas redadas es un proceso lento y complejo. Un exfuncionario del DHS explicó que preparar una operación en un lugar de trabajo puede tomar meses o incluso años, ya que depende de investigaciones penales exhaustivas. Generalmente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) notifica la intención de auditar la documentación migratoria de una empresa; si surgen irregularidades durante dicha auditoría, se inicia la investigación penal. Este proceso es descrito como arduo debido a que implica analizar "montañas de papeleo" y requiere una diligencia debida rigurosa para probar la culpabilidad.
Por otro lado, los sectores más estrictos en materia migratoria sostienen que la aplicación de la ley en los centros de trabajo es indispensable para el éxito de la agenda general del presidente. Mark Krikorian, director del Center for Immigration Studies, afirmó que sin estas medidas las cifras de deportación no alcanzarán los niveles necesarios. Para Krikorian, el Gobierno enfrenta una prueba crucial: intensificar la aplicación relacionada con el empleo, lo que no solo implica redadas, sino también la exigencia estricta de los requisitos de documentación, poniendo así a los empleadores sobre aviso.
En paralelo, el Gobierno ha intensificado la gestión general de arrestos. En días recientes, ICE ha mantenido un promedio de aproximadamente 2,000 personas bajo custodia diariamente. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó en una conferencia de prensa en Nueva York que el promedio de deportaciones ha superado las 3,200 personas por día en las últimas semanas, enfatizando que el objetivo es restaurar la ley y el orden tanto en estados "rojos" como "azules". Estas cifras reflejan la presión ejercida previamente por Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, quien el año pasado ordenó cuotas diarias de 3,000 arrestos migratorios, una cifra considerada sin precedentes que la agencia tuvo dificultades para alcanzar.
A pesar de la actual intensificación, el camino ha estado marcado por la vacilación. En el pasado, el propio presidente Trump sugirió que ciertas industrias, como las granjas, deberían ser protegidas, lo que provocó contradicciones en las instrucciones dadas a los agentes de ICE. En algunos periodos se les pidió limitar las redadas en hoteles, restaurantes y granjas, para luego recibir órdenes de continuar con la aplicación de la ley en dichos lugares. Aunque el alcance total de la iniciativa más reciente aún no está claro, analistas como Krikorian advierten que estas medidas incomodarán a los empleadores, pero consideran que son la única vía para fomentar una autodeportación significativa.
