El fiscal federal Ramiro González ha solicitado formalmente que se lleven a cabo las indagatorias de tres hombres y una mujer, quienes son sospechosos de haber amenazado al prosecretario de Redacción de LA NACION, Hugo Alconada Mon. Estas acciones intimidatorias se produjeron apenas unas horas después de que el periodista revelara la existencia de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN), elaborado por el Gobierno de Javier Milei, el cual presuntamente abría la puerta a la realización de espionaje ilegal contra diversos sectores, incluyendo opositores, economistas críticos, movimientos sociales y miembros de la prensa.
De acuerdo con el dictamen del fiscal González, existen indicios suficientes para proceder con la indagatoria de Guido Morán, Mario Miguel Totilo, Braian Ezequiel Cardozo y Alicia Elena Scarpeccia. Esta decisión se fundamenta en la verificación de que estas cuatro personas son los titulares de las líneas telefónicas desde las cuales el periodista Alconada Mon recibió una serie de insultos y amenazas durante los días 25 y 26 de mayo del año pasado. El representante del Ministerio Público sostuvo que la prueba reunida en el expediente acredita la intervención de los abonados telefónicos cuya titularidad pertenece a los acusados, lo que constituye una base presuntiva suficiente para su participación en las conductas investigadas.
El proceso judicial se encuentra ahora en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien deberá evaluar la solicitud de la Fiscalía. En caso de admitir el pedido, el magistrado citará a indagatoria a los cuatro sospechosos, quienes deberán presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py para brindar su declaración.
La Fiscalía ha proporcionado perfiles detallados de los implicados. El primero de ellos es Guido Morán, de 24 años, quien se desempeña como monotributista y posee domicilio fiscal en La Plata, aunque es oriundo de la localidad bonaerense de 9 de Julio. Según registros públicos y comerciales cotejados por LA NACION, la madre de Morán trabaja como empleada en la Municipalidad de dicha localidad. Por otro lado, Braian Ezequiel Cardozo, de 25 años, quien figura como dado de baja del régimen del monotributo, tiene su domicilio en Charata, una ciudad de aproximadamente 40.000 habitantes ubicada en el sudoeste de la provincia de Chaco, a más de 1.000 kilómetros de distancia de Buenos Aires.
En cuanto a los otros sospechosos, Mario Totilo, de 56 años, es empleado en relación de dependencia con domicilio en Benavídez, provincia de Buenos Aires. Los registros indican que Totilo fue receptor de una asignación familiar durante la pandemia y actualmente es afiliado a la obra social de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). No obstante, la Fiscalía detectó una irregularidad: la misma línea telefónica figura registrada en Mercado Pago a nombre de Iván Miguel Totilo, un estudiante de 21 años, lo que sugiere que el usuario efectivo del dispositivo podría ser el hijo y no el padre.
Un caso similar ocurre con Alicia Elena Scarpeccia, una jubilada de 75 años residente de Colón, provincia de Buenos Aires. La línea telefónica utilizada para hostigar al periodista consta en los registros de Telefónica a nombre de Manuel Lázaro Contreras, una persona fallecida nacida en 1950 con domicilios en La Matanza y Santa Clara del Mar. Sin embargo, en los registros de Mercado Libre, dicha línea aparece vinculada a Scarpeccia.
El fiscal González enfatizó que, tras un análisis pormenorizado de los hechos y la documentación obrante en la causa, se han reunido los extremos necesarios para que los cuatro nombrados sean escuchados en declaración indagatoria. El fiscal señaló que esta audiencia es el momento oportuno para que los acusados brinden explicaciones sobre los elementos que acreditan tales conductas y manifiesten lo que consideren pertinente en su defensa frente a la atribución delictual esbozada a raíz de los mensajes intimidatorios enviados.
Cabe destacar que la investigación no se limita únicamente a los mensajes de texto. El expediente comprende una serie de ataques informáticos coordinados: diez intentos de tomar el control de la cuenta de WhatsApp de Alconada Mon, un intento de acceso a su perfil en la red social X, el registro no consentido del nombre del periodista en diversas páginas pornográficas y un intento posterior de ingresar a su cuenta digital en el diario español El País.
Para profundizar en la autoría de estos ataques, la Fiscalía libró exhortos internacionales dirigidos a Meta Platforms y X Corp., propietarias de WhatsApp y X respectivamente. No obstante, hasta el momento, estas gestiones no han arrojado información relevante para el avance del expediente. Asimismo, con el apoyo de Telecom Argentina y la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal, se determinó que algunos de los registros en páginas pornográficas provinieron de una dirección IP ubicada en la Isla Maciel, en el barrio de Dock Sud, partido de Avellaneda. Sin embargo, los investigadores concluyeron que no fue posible individualizar a los usuarios debido a que se trató de una IP "nateada".
Toda esta secuencia de hostigamientos comenzó pocas horas después de que LA NACION publicara la revelación sobre el Plan de Inteligencia Nacional aprobado por la SIDE, vinculando temporalmente la difusión de la noticia con el inicio de las amenazas y los ciberataques contra el periodista.
