Chile se vio conmocionado el pasado 24 de junio tras registrarse un hecho violento en la comuna de San Bernardo, ubicada en Santiago. Un niño de apenas 12 años perdió la vida luego de que él, su padre y su tía fueran víctimas de una “encerrona”, un tipo de asalto violento en el que fueron interceptados mientras viajaban de regreso a su hogar.
De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, el ataque fue perpetrado por una banda compuesta por al menos cinco personas. Los delincuentes interceptaron el vehículo de la familia y procedieron a robárselo. En medio de la violencia del suceso, el menor quedó atrapado por el cinturón de seguridad, lo que provocó que fuera arrastrado por el pavimento durante varios kilómetros mientras los asaltantes huían con el automóvil.
Ante la gravedad del suceso, se activó un amplio despliegue policial que permitió la captura de seis personas vinculadas directamente con el crimen. El grupo de detenidos presenta un rango etario diverso: dos de los implicados tienen 17 años, dos cuentan con 18 años, uno tiene 21 y el último tiene 23 años.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, se pronunció el mismo día de los hechos calificando la situación como dramática. El mandatario reconoció que, aunque se ha estado trabajando intensamente contra la delincuencia y que existen cifras que muestran una mejora en términos de homicidios, portonazos y en la persecución de la acción penal, aclaró que ninguna estadística puede suplir el dolor que atraviesa la familia de la víctima.
Por su parte, el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, ofreció una rueda de prensa el martes siguiente, donde aseguró que los detenidos ya contaban con antecedentes penales. El General fue tajante al referirse a los implicados, señalando que estos delincuentes, independientemente de si son llamados adolescentes o niños, no merecen estar en las calles ni provocar tal magnitud de sufrimiento.
La fiscal regional occidente subrogante, Paulina Díaz, detalló que los miembros de la banda han sido acusados de delitos graves, entre ellos robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación. La fiscal explicó que la gravedad de la amenaza y la violencia del asalto impidieron que el niño, quien viajaba en la parte trasera del vehículo, pudiera escapar. El hecho de quedar atrapado por el cinturón de seguridad le ocasionó las lesiones que, finalmente, le causaron la muerte.
En relación con las penas que podrían enfrentar los imputados, la fiscal Díaz fue clara al señalar que, para los adultos, se busca la máxima sanción posible dentro del sistema legal, que es el presidio perpetuo calificado, dado que se trata de uno de los delitos más graves. En cuanto a los imputados menores de edad, la fiscalía solicitará el máximo permitido por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que es de diez años, considerando la extrema gravedad del delito cometido.
Tras la audiencia, el tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días. Asimismo, se decretó la prisión preventiva para los imputados adultos y la internación provisoria para los menores de edad.
Este trágico suceso ocurre en un contexto político donde la recuperación del orden y la seguridad han sido los pilares principales de las promesas de campaña de José Antonio Kast, quien asumió la presidencia de Chile en marzo del presente año.
Desde el ámbito estadístico, el Gobierno se ha apoyado en un informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito emitido el 14 de mayo. Dicho documento indica que durante el primer trimestre de 2026 hubo una disminución del 13% en los robos violentos a nivel nacional. Específicamente, se destaca una caída del 16,9% en los robos con violencia e intimidación y una reducción del 18,3% en el robo violento de vehículos.
A pesar de estas cifras oficiales, la muerte del menor en San Bernardo ha reavivado los reclamos sociales y ha puesto a prueba la capacidad de respuesta y la efectividad de las políticas de seguridad del gobierno de Kast.
