La administración del presidente Donald Trump ha manifestado su intención de reforzar y agudizar las medidas contra lo que denomina "turismo de nacimiento", a pesar de un reciente revés legal ocurrido en la máxima instancia judicial de los Estados Unidos. El anuncio fue realizado el pasado miércoles por el fiscal general interino del país, Todd Blanche, quien dejó claro que el Departamento de Justicia no detendrá sus esfuerzos por combatir esta práctica.
Esta declaración surge inmediatamente después de que la Corte Suprema de Justicia, la cual cuenta con una mayoría conservadora, emitiera una resolución el martes. En dicha sentencia, el alto tribunal confirmó la vigencia del derecho a la ciudadanía por nacimiento, validando la premisa legal de que quienes nacen en territorio estadounidense adquieren la nacionalidad.
El fallo de la Corte Suprema tuvo un efecto directo y anulatorio sobre las políticas implementadas al inicio del segundo mandato de Donald Trump. Específicamente, el tribunal revirtió una orden ejecutiva que el presidente había decretado en su primer día de funciones. En aquel decreto, Trump había establecido que los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres se encontraran en el país de manera "ilegal o temporal" no se convertirían automáticamente en ciudadanos estadounidenses. Con la decisión del martes, esa restricción ha quedado sin efecto, restituyendo la automaticidad de la ciudadanía para los menores nacidos en estas condiciones.
Ante este escenario jurídico, el fiscal general interino, Todd Blanche, compareció ante los medios de comunicación el miércoles para definir la hoja de ruta que seguirá el gobierno federal. Blanche señaló que, si bien la Corte Suprema ha ratificado el derecho a la ciudadanía, las autoridades federales seguirán teniendo como objetivo a aquellas mujeres extranjeras que busquen viajar a los Estados Unidos con el propósito específico de dar a luz.
Durante la conferencia de prensa, Blanche fue enfático al detallar que el Departamento de Justicia concentrará los recursos de sus fiscales y coordinará acciones conjuntas con sus socios de las fuerzas del orden para combatir el turismo de nacimiento. El funcionario describió esta práctica no como casos aislados, sino como una "industria en auge" que, según su perspectiva, va a seguir creciendo, lo que justifica una respuesta más concentrada por parte del Estado.
Además de las acciones judiciales y policiales, el fiscal general interino sugirió que existen otras herramientas administrativas que el gobierno federal puede emplear para alcanzar sus objetivos. Blanche mencionó que el proceso de otorgamiento de visas y los procedimientos de aplicación son áreas donde el gobierno puede intervenir para minimizar o limitar la oportunidad de que personas ingresen al territorio estadounidense con la única intención de tener a su bebé y que este pueda ser entonces un ciudadano estadounidense. Esta estrategia busca utilizar la burocracia migratoria como un filtro para desincentivar la llegada de personas con este fin.
La administración Trump ha mantenido una postura crítica y persistente hacia esta práctica, utilizando el flujo de mujeres que viajan para dar a luz, particularmente aquellas provenientes de China, como uno de sus argumentos centrales en contra de la ciudadanía por nacimiento. Para el ejecutivo, el fenómeno del turismo de nacimiento representa un problema que debe ser abordado mediante la vigilancia y la restricción de accesos.
En conclusión, el panorama actual presenta una tensión entre la interpretación judicial y la ejecución administrativa. Mientras que la Corte Suprema mantiene la legalidad del derecho a la ciudadanía por nacimiento, el Departamento de Justicia, bajo la dirección de Blanche, buscará vías administrativas y el uso de las fuerzas del orden para perseguir y desincentivar a quienes utilicen el sistema de visas para aprovechar este derecho. La administración se enfoca ahora en la operatividad de las visas y la fiscalización para mitigar una tendencia que consideran una industria en crecimiento.
