La Suprema Corte de Estados Unidos ha emitido un fallo contrario a una de las iniciativas antimigrantes más emblemáticas del gobierno de Donald Trump. El máximo tribunal rechazó la pretensión del mandatario de anular el derecho a la ciudadanía por nacimiento, lo que representa un revés significativo para la administración en un momento de creciente presión interna y desafíos económicos que obligan a revisar otras medidas de su ofensiva contra los inmigrantes indocumentados.
La sentencia fue aprobada por una mayoría de seis votos a favor y tres en contra. A través de este fallo, la Corte rechazó la orden ejecutiva que Trump implementó el primer día de su mandato, la cual buscaba eliminar el derecho constitucional a la ciudadanía para los niños nacidos en territorio estadounidense cuyos padres fueran inmigrantes indocumentados o tuvieran un estatus temporal. El juez en jefe, John Roberts, fue el encargado de redactar la sentencia, en la cual subrayó explícitamente que los niños nacidos en Estados Unidos bajo estas condiciones son "sujetos a la jurisdicción" del país y, por lo tanto, son ciudadanos al nacer, amparados por la Cláusula de Ciudadanía de la 14 Enmienda.
Tras conocerse la decisión, el presidente Donald Trump reprobó el fallo, calificándolo como una determinación "muy mala para nuestro país". El mandatario aseguró que, a pesar de este obstáculo judicial, logrará su objetivo a través de una reforma de ley impulsada en el Congreso. No obstante, expertos legales advierten que este camino es sumamente complejo y posiblemente inviable. Dado que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional, cualquier modificación requeriría una enmienda a la Constitución. Este proceso exige el voto de dos tercios en ambas cámaras del Congreso y la aprobación de tres cuartos de las legislaturas estatales, lo que equivale a 38 de los 50 estados. Pese a esto, algunos aliados de Trump en el legislativo han manifestado su intención de buscar vías legales para detener lo que denominan "turismo de nacimiento".
Por su parte, defensores de los derechos humanos y organizaciones pro-inmigrantes celebraron la noticia, destacando que se protege un derecho consagrado hace 128 años. El diputado federal mexicoestadunidense Jesús Chuy García señaló que el tribunal dejó claro que un presidente no puede eliminar un derecho constitucional mediante una orden ejecutiva. García denunció que la iniciativa fue un "intento cruel y racista" de Trump y Stephen Miller para dejar apátridas a millones de niños, afirmando que la ciudadanía por nacimiento es un pilar fundamental de la nación.
Este fallo ocurre en un contexto mixto para la política migratoria del gobierno. Apenas la semana pasada, la Suprema Corte otorgó una victoria a Trump al avalar la cancelación de las Protecciones Humanitarias Temporales (TPS) para más de 350 mil haitianos y sirios. Esta medida, descrita por expertos como la anulación de documentación migratoria más grande en la historia del país, convierte a personas que tenían un estatus legal en indocumentados sujetos a deportación.
Sin embargo, las realidades económicas están forzando ajustes en la agenda del republicano. Presiones de sectores que dependen de la mano de obra extranjera han llevado al gobierno a modificar algunas iniciativas. Recientemente y sin emitir boletines oficiales, la administración permitió que las lecherías contraten trabajadores migrantes de manera permanente, alterando el programa de trabajadores huéspedes H-2A, que originalmente estaba diseñado para empleos agrarios temporales de pocos meses. Esta decisión responde a la demanda de la Federación Nacional de Productores de Leche, que insistió en la necesidad de personal capacitado durante todo el año para el cuidado del ganado.
El impacto político de estas medidas también es visible en las urnas. En el estado conservador de Idaho, cinco legisladores republicanos antimigrantes fueron derrotados en elecciones primarias debido a la preocupación de los granjeros locales por la pérdida de su fuerza laboral. Asimismo, existen fracturas internas en el partido; el gobernador de Ohio, Mike DeWine, calificó como un error la política de deportación de beneficiarios del TPS, advirtiendo que afectaría gravemente a los servicios de salud y hospitales en regiones con comunidades haitianas.
En una línea similar, el secretario de Seguridad Interna, Markwayne Mullin, sugirió que algunos haitianos podrían solicitar la residencia permanente, aunque no se han proporcionado detalles concretos. Esta falta de consenso interno se refleja también en la gestión de infraestructura: el gobierno anunció la venta de siete de los once almacenes adquiridos para centros de detención y la clausura del centro conocido como el "Alcatraz de los caimanes" en Florida.
Finalmente, el gobierno enfrenta datos críticos sobre el impacto de sus políticas. Según un informe de la Brookings Institution, las redadas y deportaciones masivas han provocado la pérdida de hasta 300 mil empleos para ciudadanos estadounidenses, sumándose a las protestas de sus propias bases y a la oposición generalizada a las detenciones masivas en diversas partes del país.
