La defensa legal de la modelo y conductora Jesica Cirio ha dado un paso formal ante la Justicia para intentar excluir una pieza clave de evidencia en la causa que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. A través de un pedido formal, los abogados de la mediática solicitaron que el polémico video donde se observan fajos de dólares en un vestidor no sea incorporado como prueba en el expediente judicial. Esta investigación, que ha generado un fuerte impacto mediático, también involucra a su expareja, el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.
El núcleo del argumento presentado por la defensa de Cirio se centra en la falta de certeza sobre la procedencia y la integridad del material audiovisual. Los abogados han manifestado que desconocen el origen del video y han puesto en duda su autenticidad, sugiriendo que el contenido podría haber sido manipulado. De manera específica, la defensa planteó que el material pudo haber sido editado o, incluso, generado íntegramente mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial, una tecnología que permite la creación de imágenes y videos hiperrealistas.
Para reforzar esta postura y justificar la exclusión de las imágenes, Cirio hizo referencia a un hecho ocurrido el año pasado, cuando denunció haber sido víctima de una extorsión vinculada a su intimidad. En este sentido, sus representantes legales sostienen la hipótesis de que el video podría haber sido obtenido a través de un hackeo a sus dispositivos tecnológicos, lo que invalidaría la legalidad de la obtención de la prueba.
En paralelo a la impugnación del video, la defensa de la conductora solicitó la nulidad del allanamiento realizado en su departamento. Según el planteo legal, dicho procedimiento se llevó a cabo basándose injustamente en la existencia de este video, cuya procedencia legal es, según ellos, cuestionable. Es relevante destacar que la postura de Jesica Cirio se mantiene en una zona de ambigüedad: si bien no ha negado explícitamente ser la persona que aparece en las imágenes, insiste firmemente en que el material fue extraído de forma ilegal.
Frente a estas solicitudes, el juez federal Luis Armella ha decidido no excluir la prueba por el momento y ordenó avanzar con un peritaje exhaustivo del archivo. Esta medida técnica tiene como objetivo principal la recuperación de los metadatos del video, los cuales permitirían establecer con precisión la fecha, la hora y el lugar donde se registraron las imágenes, además de determinar si el archivo presenta alteraciones digitales. Hasta el momento, los primeros indicios recabados por los investigadores sugieren que el material sería auténtico.
Una de las líneas principales de investigación busca confirmar si la grabación fue realizada en la propiedad de Fincas de San Vicente, lugar donde Cirio e Insaurralde convivieron. La Justicia ya ha realizado inspecciones en una vivienda ubicada en Nordelta, pero los investigadores descartaron ese sitio tras realizar una comparación detallada entre las características del mobiliario visible en el video y el equipamiento real de dicha propiedad.
Como siguiente paso procesal, la Justicia comenzará a tomar declaración a quienes han sido denominados los «testigos del vestidor». Este grupo está compuesto por efectivos policiales que participaron en allanamientos efectuados en el año 2023, así como por empleadas domésticas que trabajaron en la residencia de San Vicente. El testimonio de estas personas será fundamental para confirmar si el espacio físico que se observa en la grabación coincide con los ambientes que ellos conocieron en la vivienda.
Mientras se dirime la validez legal de la prueba, especialistas en seguridad han analizado el contenido del video para estimar la cantidad de dinero involucrada. Basándose en el tamaño de los fajos y las cajas que se aprecian en las imágenes, los cálculos sugieren que podría haber un total de 30 millones de dólares. Según estos expertos, la forma en que el dinero está dispuesto —utilizando bolsas plásticas y bandas elásticas— es una característica típica de las operaciones realizadas en financieras no oficiales o «cuevas».
Finalmente, existe una diferencia de criterios sobre los tiempos procesales. El fiscal Sergio Mola ha insistido en que el video modifica sustancialmente el escenario de la causa y ha solicitado acelerar las indagatorias. Por el contrario, el juez Armella ha optado por una postura más cautelosa, prefiriendo esperar al resultado final de las pericias técnicas, cuya entrega está prevista para el próximo 17 de julio.
