El análisis de la situación política actual en el Perú revela la existencia de un "continuum crítico", un proceso de crisis prolongada que se inició en 2016 y que ya entra en su undécimo año. Esta etapa se caracteriza por transiciones truncas, procesos de unidad nacional interrumpidos y, fundamentalmente, un veto permanente hacia cualquier ideal de cambio, por pequeño que sea. A este escenario se suma la deserción de gobiernos que llegaron al poder con banderas de transformación, como ocurrió con la gestión de Humala entre 2011 y 2016, lo que ha profundizado la desconfianza ciudadana.
En el contexto electoral actual, donde los indicios apuntan a una victoria de Keiko Fujimori, se advierte un agotamiento profundo de las tradiciones políticas peruanas. Tanto las corrientes conservadoras, liberales, socialistas como indigenistas han perdido vigencia, incluyendo el modelo neoliberal, cuya vulneración de las reglas fiscales ha sido señalada incluso por el Consejo Fiscal. Bajo esta premisa, un eventual gobierno de Fujimori no sería una réplica del mandato de Alberto Fujimori en el año 2000; mientras que aquel periodo se definió como "neoliberalismo más corrupción", la perspectiva actual apunta hacia un "mercantilismo más corrupción". La ausencia de un programa político claro y de políticas públicas definidas incrementa el riesgo de instaurar un gobierno depredador.
El fujimorismo ha demostrado una capacidad de estructura y orden en la última década, pero existe una desconexión evidente entre el partido y la realidad social del país. Aunque en el pasado el modelo de shock de Alberto Fujimori fue tolerado a pesar de su autoritarismo —logrando reducir la pobreza monetaria del 56% al cierre de su mando a un 20% hacia el 2020—, hoy la sociedad no reconoce al fujimorismo ni este reconoce al Perú actual. Esta situación sugiere que una victoria de Keiko Fujimori podría ser "agónica", desencadenando un choque social más que un simple ajuste político.
La fragmentación territorial es un factor crítico. Los resultados electorales muestran una división profunda: doce regiones votaron mayoritariamente contra el fujimorismo, con porcentajes que superan el 70% y 80% en Cusco, Puno y Apurímac. En contraste, Lima mostró un respaldo del 63%. Esta realidad convierte al Perú en un país donde gobernar desde la capital se vuelve cada vez más difícil. Un gobierno liderado por Fujimori se enfrentaría a la necesidad de un re-reconocimiento del país, lo que implicaría atender demandas de inclusión y pedir disculpas por las muertes ocurridas en el sur, acciones que el entorno político de la candidata podría no estar dispuesto a ejecutar.
Asimismo, existe el peligro de que el gobierno sea absorbido por una investidura oligárquica, representando abiertamente intereses empresariales centralistas y excluyentes. Esta dinámica se enmarca en una traición recurrente del liberalismo hacia la democracia en el Perú, donde sectores liberales han saltado repetidamente hacia opciones autoritarias, desde el golpe de 1992 hasta los respaldos electorales más recientes.
Otro punto alarmante es la captura del Estado, descrito como un "Estado botín" al servicio de depredadores. Esta toma ocurre desde arriba y desde abajo: mientras agroexportadores logran facilidades fiscales en el Congreso, mineros informales e ilegales también logran permear la estructura política. En el parlamento actual, convergen intereses legales, informales e ilegales, eliminando la distinción entre estas economías en el ejercicio del poder político.
Finalmente, se advierte sobre la implementación de políticas de "mano dura" que trasciendan la seguridad ciudadana y se conviertan en herramientas de control social. La militarización de la sociedad y la lógica antiterrorista aplicada al crimen organizado son vistas como errores estratégicos. A diferencia de países como El Salvador, el Perú enfrenta una complejidad mayor con doce economías ilegales integradas verticalmente (narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, entre otras), lo que requiere inteligencia policial y no solo despliegue militar. La salida a esta crisis pasa por recuperar la unidad nacional desde una perspectiva democrática y cambiar la mirada política: dejar de ver el país desde Lima para empezar a mirar el centro desde la periferia.
