El Gobierno Nacional atraviesa un periodo de alta complejidad política y jurídica tras una semana marcada por dos frentes críticos que han puesto al oficialismo contra las cuerdas. Por un lado, el desgaste provocado por el caso Adorni y, por otro, una decisión definitoria de la Corte Suprema de Justicia respecto al conflicto universitario, han forzado a la administración de Javier Milei a buscar una reconfiguración en su esquema de mando y en su narrativa pública.
La llegada de Diego Santilli al cargo de jefe de Gabinete representa un movimiento estratégico para intentar dejar atrás el denominado "huracán Adorni". El escándalo que rodeó al anterior vocero no solo implicó una crisis de gestión, sino que erosionó una parte fundamental del capital identitario del mileísmo: la cruzada contra la casta y la supuesta pureza ética del proyecto libertario. Esta nueva etapa fue ratificada ayer por el flamante vocero, Adrián Ravier, quien a través de la red social X anunció el inicio de un ciclo distinto para la comunicación gubernamental.
Sin embargo, mientras el Gobierno intenta cerrar la página de Adorni, el conflicto universitario escala y amenaza con consecuencias más profundas, golpeando directamente el corazón de la política macroeconómica. La Corte Suprema ha dejado firme una medida cautelar interpuesta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), obligando al Estado a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. En términos concretos, el ministro de Economía, Luis Caputo, debe ahora gestionar el cumplimiento de un 52 por ciento de actualización en los salarios docentes para compensar la inflación acumulada desde noviembre de 2023.
Hasta el momento, el acuerdo firmado el 11 de junio con gremios paritarios nacionales había reducido este monto al 24,33 por ciento. Con el fallo judicial, el Gobierno queda obligado a completar la corrección salarial sumando el 28 por ciento restante. Esta situación pone en riesgo el modelo de equilibrio fiscal y el superávit mantenido mediante el postergamiento de gastos, obligando al equipo económico a realizar ajustes creativos para no afectar los objetivos antiinflacionarios en un contexto que comienza a adquirir velocidad electoral.
Ante este escenario, el Gobierno ha diseñado una narrativa de cinco puntos para afrontar la cautelar. Primero, sostiene que cumplirá la medida; segundo, afirma que ya inició el proceso con el pago del 24,33 por ciento y la actualización de becas; tercero, argumenta que dispone de todo el año fiscal, hasta diciembre, para completar el 28 por ciento restante; cuarto, plantea que la cautelar es transitoria y depende del fallo final sobre la legalidad del decreto que suspendió la ley; y quinto, deposita sus esperanzas en que el juez de primera instancia, Martín Cormick, falle en contra del amparo presentado por el CIN.
El fallo de la Corte fue una sorpresa para el oficialismo y estuvo marcado por tensiones internas del máximo tribunal. Fuentes cercanas indican que existieron fricciones entre el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y los jueces Carlos Ronsekrantz y Guillermo Lorenzetti. Declaraciones previas de Lorenzetti, quien cuestionó la imparcialidad de la Corte y sugirió que el acuerdo político con los gremios había pesado más que el marco institucional, habrían dejado expuesto a Rosatti, forzándolo a impulsar una decisión inevitable para atender tanto a la opinión pública como a las exigencias técnicas.
El análisis político sugiere que el Gobierno ha operado bajo una lógica de negación y empecinamiento, acelerando sin considerar la realidad hasta chocar con ella. Tanto en el caso Adorni —donde se ignoraron señales claras desde marzo— como en el universitario, el oficialismo se encastilló en una "cámara de eco" donde el "sí Milei" se convirtió en la única política de Estado, desconectándose de las emociones sociales y de las posibles movidas de sus adversarios.
Actualmente, el CIN planea avanzar con una medida de ejecución inmediata. La preocupación central del sector universitario radica en la cláusula de indexación trimestral, que obliga a mantener los salarios actualizados según la inflación, impidiendo que caigan por debajo de dicho índice.
Finalmente, la entrada de figuras con mayor capacidad de negociación, como Patricia Bullrich y Diego Santilli, sugiere el avance de un "macrismo sin Macri" dentro del gabinete. Este cambio podría significar una corrección en la lógica del empecinamiento libertario, apostando a una gestión con mayor cintura política para resolver conflictos estructurales.
