La implementación de la reforma agraria en Colombia ha vuelto a convertirse en el epicentro de fuertes tensiones internas dentro del Gobierno de Gustavo Petro. En esta ocasión, el conflicto ha escalado a un enfrentamiento público y directo entre la actual ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y su predecesora en el cargo, Cecilia López Montaño, quienes han mantenido una acalorada disputa sobre el balance real y la seguridad jurídica de las tierras entregadas durante la presente administración.
El desencadenante de la polémica fue un reporte publicado por la ministra Carvajalino a través de su cuenta en la red social X, donde defendió la política agraria del Gobierno nacional. En su publicación, la titular de la cartera reveló que la administración ha logrado la entrega definitiva de 142.589 hectáreas, mientras que otras 196.189 hectáreas han sido entregadas de forma provisional. Carvajalino subrayó que su gestión ha buscado diferenciar claramente las actuaciones actuales de las anteriores, criticando que en el pasado se contabilizaban como entregas títulos de adjudicación que databan de 1982.
Asimismo, la ministra destacó que el Gobierno actual ha sido el responsable de "desenterrar" bienes pertenecientes al fondo de entidades como el Incoder, la UNAT y la ANT. Según Carvajalino, estos bienes eran jurídicamente propiedad de la autoridad agraria, pero se encontraban bajo un aprovechamiento indebido, y que su administración ha trabajado activamente en la recuperación de baldíos ocupados ilegalmente.
Sin embargo, esta versión fue rápidamente cuestionada por Cecilia López Montaño. La exministra sostuvo que, al contrastar los datos con las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (Orip), se evidencia que solo cerca de 87.000 hectáreas cuentan con el registro correspondiente. Para López, esta discrepancia es grave, ya que implica que una parte considerable de los beneficiarios carece de plena seguridad jurídica sobre la tierra recibida.
López Montaño fue tajante al señalar que el Gobierno ha incurrido en la práctica de "inflar las cifras", asegurando que las hectáreas anunciadas no coinciden con los registros oficiales. "Solo 87.000 hectáreas se entregaron con registro en las Orip; esas tierras no se las quita nadie a quien las recibió. Las otras son temporales y admiten cuestionamiento; muy injusto con los campesinos", afirmó la exfuncionaria. Además, rechazó rotundamente balances que sugieren cifras de 300.000 o 700.000 hectáreas, aclarando que "gestionar no es entregar".
La discusión, que comenzó como un debate técnico sobre cifras, derivó en un choque personal y político el pasado domingo 28 de junio de 2026 en la red social X. La ministra Carvajalino cuestionó la gestión previa de López y lanzó fuertes alusiones a un "proyecto paramilitar" y a una supuesta "contrarreforma". La actual ministra sugirió que las críticas de su predecesora nacen del desconocimiento del régimen agrario y la incapacidad de diferenciar entre baldíos, predios fiscales y propiedad privada.
Carvajalino elevó el tono al vincular la discusión con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y el decreto ley 902. En sus mensajes, recordó que las masacres de El Aro, La Granja y Maipiripan tuvieron como objetivo el despojo de campesinos para concentrar la tierra, y cuestionó la postura de López durante su tiempo como ministra de Agricultura en 1996/97 frente a lo que llamó una "contrarreforma fraguadas en manos de las armas". Calificó los mensajes de la exministra como actitudes de "apóstatas de la democracia y la justicia social".
La respuesta de Cecilia López fue inmediata y categórica: "¡A mí usted me respeta, señora ministra! Deje su politiquería y señalamientos irresponsables". López rechazó que sus observaciones técnicas sobre las cifras fueran vinculadas con proyectos paramilitares, reiterando que entregar tierras sin escritura registrada en las Orip deja a los campesinos en una situación de absoluta vulnerabilidad frente a terceros.
En declaraciones adicionales concedidas a Blu Radio, López Montaño expresó sus dudas sobre el uso del término “gestionar” para referirse a 2,5 millones de hectáreas, argumentando que esto solo indica el inicio de procesos administrativos y no entregas efectivas. Asimismo, lanzó una advertencia sobre los predios provenientes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), señalando casos donde se entregaron terrenos sin que estos hubieran ingresado formalmente al Fondo de Tierras mediante el traspaso a nombre de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Finalmente, la exministra hizo una distinción técnica entre la restitución, la entrega y la formalización. Citó que, mientras los jueces habían ordenado la restitución de aproximadamente 400.000 hectáreas, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) solo había materializado 191.539 hectáreas con corte al 31 de diciembre de 2025. El debate ha dejado claro que la controversia ya no radica únicamente en el volumen de tierra reportado, sino en las garantías reales y la protección legal de quienes reciben dichos predios.
