Durante el cierre del último fin de semana de junio de 2026, el panorama nacional estuvo marcado por intensos despliegues de seguridad, incidentes policiales en el Alto Paraná y declaraciones clave del Ejecutivo sobre la infraestructura energética del país.
En el ámbito penitenciario, el Ministerio de Justicia llevó a cabo la ejecución del operativo denominado Umbral 3.5. Esta acción coordinada tuvo como objetivo principal el traslado simultáneo de 700 personas privadas de libertad que ya cuentan con condenas firmes. El procedimiento se desarrolló durante la noche del 29 de junio, contando con el apoyo estratégico de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de los traslados.
El desglose del operativo indica que, de los 700 internos movilizados, un grupo de 508 reclusos fue trasladado desde la ex Penitenciaría de Tacumbú hacia la Penitenciaría Martín Mendoza de Emboscada. Por otro lado, los internos que se encontraban en la cárcel de Ciudad del Este fueron derivados a la Penitenciaría de máxima seguridad de Minga Guazú.
La planificación de este movimiento estuvo a cargo del Ministerio de Justicia en conjunto con el Consejo de Defensa Nacional. De acuerdo con los informes oficiales, se implementaron estrictos protocolos de seguridad y se veló por el respeto a los derechos humanos de los trasladados. Un detalle operativo relevante fue la identificación de los reclusos mediante el uso de uniformes de distintos colores, los cuales fueron asignados según el nivel de peligrosidad de cada interno. Esta reorganización del sistema penitenciario busca cumplir el objetivo institucional de separar a las personas ya condenadas de aquellas que aún se encuentran en proceso judicial. El informe oficial concluyó que el operativo se desarrolló sin incidentes de relevancia.
Simultáneamente, en Ciudad del Este, se registró un hecho policial en el barrio Don Bosco durante la tarde del domingo 29 de junio. Un ciudadano identificado como Mohamed Menzer Osman fue detenido tras ser denunciado por su expareja, Gisella Noemí Cáceres. Según el relato de la denunciante, el sujeto se presentó en su domicilio provocando un escándalo que incluyó amenazas y daños materiales, específicamente golpes contra el portón y la pared de la vivienda.
La denuncia detalla que Osman utilizó su vehículo, un Volkswagen Polo, para reproducir música de género reggaetón a un volumen extremadamente alto frente a la residencia. Asimismo, la mujer señaló que el hombre ya contaba con una prohibición de acercamiento previa. Al arribar al lugar, los agentes policiales encontraron al sospechoso sentado al volante con la ventanilla abierta. Tras su detención, y siguiendo las disposiciones de la fiscala Liliana Denisse Duarte, el sujeto fue trasladado primero al Hospital de Traumas para obtener un diagnóstico médico y posteriormente derivado a la Dirección de Policía del Alto Paraná. El vehículo utilizado en el incidente fue incautado por las autoridades.
En el plano político y diplomático, el presidente de la República, Santiago Peña, brindó precisiones el 28 de junio sobre el estado de las negociaciones con Brasil respecto al Anexo C del tratado de Itaipú. El mandatario afirmó que los trabajos técnicos entre ambas naciones continúan avanzando y aclaró que no existe una fecha tope para cerrar este acuerdo.
El presidente Peña adelantó que este tema podría ser abordado durante la próxima Cumbre del Mercosur, la cual tendrá como sede la ciudad de Asunción, iniciando sus actividades el lunes y extendiéndose hasta el martes. El mandatario expresó su seguridad de que la cumbre brindará la oportunidad ideal para tratar los puntos técnicos que aún se encuentran en discusión.
Sobre la naturaleza del tratado, Peña recordó que se trata de un instrumento jurídico con más de 50 años de vigencia, el cual permitió el diseño, la construcción de la represa y la operatividad necesaria para pagar la totalidad de la deuda en el año 2023. Respecto al futuro de la obra, el presidente señaló que estudios técnicos indican que la vida útil de la represa de Itaipú es de al menos 100 años. Por esta razón, subrayó que la visión del gobierno paraguayo es proyectar los acuerdos a los próximos 20, 30 o 40 años, priorizando la sostenibilidad a largo plazo sobre los resultados inmediatos de corto plazo.
