El Gobierno de Bolivia ha puesto fin a un régimen cambiario fijo que se mantuvo vigente durante casi quince años. A través de la resolución ministerial 245, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Estado ha formalizado la transición hacia un sistema de flotación administrada, reconociendo implícitamente la brecha que durante meses separó el valor oficial del dólar de su precio real en el mercado.
Hasta hace poco, el país atravesaba una situación de contradicción económica. Mientras el Banco Central de Bolivia (BCB) insistía en un tipo de cambio oficial situado entre 6,86 y 6,96 bolivianos por dólar, la realidad del mercado dictaba un valor significativamente más alto, oscilando entre los 9 y 10 bolivianos por unidad de la moneda estadounidense. Esta disparidad era un secreto a voces que afectaba directamente a importadores, exportadores, empresarios e inversionistas, quienes ya realizaban sus cálculos financieros basándose en el mercado paralelo mayorista, a pesar de que el BCB mantenía un "tipo de cambio referencial".
Es fundamental aclarar que este movimiento no representa una devaluación inmediata de la moneda ejecutada por el Estado. En términos reales, la devaluación ya había ocurrido meses atrás, impulsada por la dinámica del mercado ante la escasez del bien. Lo que ha sucedido con la resolución 245 es que el Gobierno ha decidido dejar de discutir la realidad económica, permitiendo que el sistema se ajuste a los hechos.
La principal innovación de este nuevo régimen es de carácter técnico pero con profundas repercusiones. Desde el año 2011, el tipo de cambio era esencialmente una decisión administrativa del BCB. Ahora, el valor será el resultado del promedio ponderado de las operaciones reales de compra de dólares efectuadas por los bancos con sus clientes. En términos sencillos, el Banco Central deja de fijar la temperatura y comienza a leerla a través del mercado de divisas.
A pesar de este cambio, no se trata de una flotación completamente libre. El Banco Central de Bolivia conserva herramientas de control, ya que sigue publicando diariamente el tipo de cambio oficial y ha establecido un techo de 10 centavos para el margen de venta de los bancos, manteniendo así su capacidad regulatoria. Este modelo de flotación administrada es un retorno al sistema que Bolivia utilizó con éxito entre 1985 y 2011.
Este nuevo esquema presenta diversas ventajas. En primer lugar, reduce la discrecionalidad política, ya que el precio se construye sobre transacciones efectivas y no sobre voluntarismos administrativos. En segundo lugar, evita el agotamiento de las reservas internacionales para defender un precio artificialmente bajo. Se estima que durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce se utilizaron aproximadamente 12.000 millones de dólares en este sentido.
Asimismo, el régimen busca unificar el mercado cambiario para eliminar los arbitrajes y los privilegios de los rentistas profesionales que surgen cuando existen múltiples precios para una misma divisa. Finalmente, esta medida busca mejorar la credibilidad ante organismos multilaterales, inversionistas y calificadoras de riesgo, enviando una señal positiva al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, existe una advertencia crítica: el cambio en la forma de calcular el precio no genera dólares adicionales. Bolivia no padece una crisis de cálculo, sino una crisis de oferta de divisas. La caída dramática en la producción de gas, la disminución de las exportaciones y un déficit fiscal elevado han mermado las reservas internacionales, una parte de las cuales está compuesta por oro, activo que posee menor liquidez para intervenciones rápidas.
La sostenibilidad de este sistema no dependerá del reglamento, sino de las políticas económicas complementarias. Para que el vehículo económico avance, el país necesita generar más dólares mediante exportaciones, atraer inversión privada, reconstruir las reservas y ordenar las cuentas fiscales. Además, se señala la importancia de fortalecer la independencia técnica del BCB, asegurando que su administración se base en la solvencia profesional y la estabilidad institucional.
En conclusión, el nuevo régimen cambiario es un paso en la dirección correcta, pero no es la cura definitiva. El tipo de cambio funciona como un espejo que refleja la confianza en la economía; por lo tanto, la verdadera solución radica en producir más, exportar más y reconstruir instituciones creíbles.
