El Tribunal de Garantía de Temuco ha determinado postergar la audiencia de formalización del imputado por el femicidio de Patricia Ojeda, una funcionaria municipal cuya muerte ha generado una profunda indignación debido a los antecedentes judiciales previos que no derivaron en la detención del agresor. La víctima, de 32 años, fue asesinada por su expareja, Yerko Mendoza, de 27 años, en un hecho que pone en relieve las críticas hacia la gestión de las medidas de protección en casos de violencia de género.
La víctima, Patricia Ojeda, se desempeñaba como funcionaria de la Municipalidad de Temuco y era madre de dos hijas, de 14 y 4 años. El crimen ocurrió la mañana del pasado viernes en su domicilio ubicado en la localidad de Labranza, donde el imputado, Yerko Mendoza, acabó con la vida de la mujer.
Uno de los puntos más críticos de este caso radica en que Patricia Ojeda ya había recurrido a las autoridades para denunciar a Mendoza. El 18 de mayo, la víctima presentó una denuncia formal contra su expareja por una agresión sexual. Sin embargo, el proceso judicial tomó un rumbo que, según los familiares de la víctima, fue determinante para el desenlace fatal. Debido a que la denuncia se realizó dos días después de ocurrida la agresión sexual, el Tribunal de Garantía consideró que no existía flagrancia.
Por esta razón, la jueza Marcia Castillo no autorizó la orden de detención solicitada por el Ministerio Público. A pesar de que la detención fue denegada, el fiscal Jorge Mandiola confirmó que en aquel momento se determinaron medidas de protección en favor de la víctima. No obstante, estas medidas resultaron insuficientes para evitar el femicidio, el cual se concretó exactamente 39 días después de que se iniciara la investigación por el delito de violación.
Luis Ojeda, padre de la víctima, ha sido enfático en sus declaraciones, cuestionando duramente la actuación de la justicia. Para el padre de Patricia, el sistema judicial falló al no actuar con la celeridad y el rigor necesarios cuando existía una denuncia previa de agresión sexual, permitiendo que el agresor permaneciera en libertad hasta el día del crimen.
Desde el ámbito fiscal, Jorge Mandiola ratificó que se había solicitado la detención del imputado antes del homicidio, pero que la decisión judicial se basó estrictamente en el plazo de flagrancia, lo que impidió que Mendoza fuera retirado de la circulación en mayo.
Actualmente, el proceso judicial se encuentra en una etapa de espera técnica. El Tribunal de Garantía de Temuco decidió ampliar el plazo de la formalización hasta el próximo lunes 29 de junio a las 12:00 horas. Esta postergación responde a la necesidad de contar con el resultado oficial de la autopsia de Patricia Ojeda, documento fundamental para acreditar las causas exactas de la muerte y fortalecer la base probatoria del caso.
Respecto a las acciones legales que emprenderá el Ministerio Público, la fiscalía ha confirmado que imputará al detenido, Yerko Mendoza, una serie de delitos graves. Entre los cargos que se le formularán se encuentran el de femicidio íntimo, violación de morada, desacato y amenazas contra carabineros.
Este caso ha vuelto a poner el foco sobre la aplicación de los criterios de flagrancia en delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, y cómo la falta de detenciones preventivas en etapas tempranas de la denuncia puede derivar en tragedias irreparables, como la ocurrida en la localidad de Labranza.
