El escenario judicial para el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo Pastene, se ha tornado crítico tras la reciente determinación del Juzgado de Garantía de Chillán. La máxima autoridad comunal deberá comparecer ante la justicia el próximo 14 de julio, fecha en la cual será formalizado por los delitos de abuso sexual y violación de una persona mayor de 14 años, según se ha informado a través de los canales judiciales correspondientes.
Esta resolución no es un hecho aislado, sino que representa el desenlace de un prolongado proceso de indagación. De acuerdo con la información disponible, la audiencia ha sido fijada luego de que la Fiscalía dedicara dos años enteros a una exhaustiva investigación y a la meticulosa recopilación de antecedentes. Este periodo de tiempo ha sido fundamental para que el Ministerio Público pudiera estructurar los cargos que ahora se imputan al jefe comunal, asegurando que los elementos probatorios fueran los suficientes para avanzar hacia la etapa de formalización.
Durante la audiencia programada para el 14 de julio en el Juzgado de Garantía de Chillán, se espera que el organismo fiscal comunique formalmente los hechos específicos que se le atribuyen al alcalde Jorge del Pozo Pastene. Este acto procesal es fundamental, ya que permite que el imputado conozca detalladamente las acusaciones en su contra y los fundamentos legales que sustentan la acción penal. Asimismo, el desarrollo de esta diligencia será determinante para definir la situación procesal del edil durante el tiempo que dure el proceso.
Un punto central de la expectativa jurídica radica en las medidas cautelares que podrían aplicarse. En este sentido, no se descarta que la Fiscalía, basándose en la gravedad de los delitos imputados —abuso sexual y violación—, solicite al tribunal la medida de prisión preventiva. Esta medida, de ser concedida, implicaría la restricción total de la libertad del alcalde mientras se profundiza en la causa, con el objetivo de asegurar el éxito de la investigación y evitar cualquier posible entorpecimiento del proceso judicial.
Es relevante precisar que el origen de esta causa se encuentra en las denuncias presentadas por exfuncionarias de la corporación municipal. Estas declaraciones fueron el punto de partida que activó la maquinaria judicial, llevando a la Fiscalía a investigar presuntas irregularidades y conductas delictivas cometidas por el alcalde en el ejercicio de su influencia o dentro del contexto de su entorno laboral. El hecho de que las denunciantes sean excolaboradoras de la entidad municipal añade una capa de complejidad al caso, subrayando la naturaleza de las relaciones jerárquicas involucradas en las imputaciones.
Este nuevo proceso judicial no ocurre en el vacío, sino que se suma a un historial de antecedentes que ya ha puesto al alcalde Jorge del Pozo Pastene bajo el escrutinio público y legal. En octubre de 2024, el edil vivió una situación similar de tensión judicial. A tan solo unos días de haber sido reelegido en su cargo, Del Pozo fue detenido tras la interposición de una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) en su contra. Aquel episodio ya había generado cuestionamientos sobre la idoneidad de su gestión y su comportamiento personal, marcando el inicio de un periodo de inestabilidad jurídica.
En resumen, el alcalde de Chillán Viejo se enfrenta ahora a un desafío legal de máxima gravedad. Tras dos años de recolección de evidencia por parte de la Fiscalía, el proceso por abuso sexual y violación avanza hacia su etapa de formalización. La comunidad y el sistema judicial aguardan la audiencia del 14 de julio, donde se definirán los pasos a seguir y se determinará si el jefe comunal deberá permanecer en libertad o si será trasladado a un centro penitenciario bajo la medida de prisión preventiva.
