La estabilidad en el Estrecho de Ormuz, punto neurálgico para el transporte global de petróleo y gas natural licuado, se ha visto seriamente comprometida tras una serie de incidentes militares y disputas administrativas entre Irán y Estados Unidos. La crisis se intensificó luego de que la Guardia Revolucionaria iraní lanzara una advertencia tajante a todas las embarcaciones que transitan por la zona, asegurando que cualquier buque que intente navegar sin el permiso de Teherán o fuera de las rutas designadas será responsable de las consecuencias.
Poco después de esta advertencia, el buque portacontenedores Ever Lovely, que navega bajo bandera de Singapur, fue alcanzado por un dron iraní, según confirmó un funcionario estadounidense a CNN. Este suceso marca el primer ataque contra un buque desde la firma del pacto de alto el fuego entre ambas potencias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la acción como una “violación imprudente” del acuerdo establecido para poner fin a las hostilidades.
La respuesta estadounidense fue inmediata. Las fuerzas militares de EE. UU. llevaron a cabo bombardeos el viernes contra objetivos militares iraníes situados en las cercanías del estrecho. A pesar de la gravedad de los hechos, un funcionario estadounidense señaló que estas acciones no representan, por el momento, un regreso a operaciones de combate a gran escala. Por su parte, la cadena estatal iraní Press TV informó que la Guardia Revolucionaria respondió atacando posiciones militares estadounidenses en la región. Asimismo, Bahrein reportó ataques con drones iraníes en su territorio durante la madrugada del sábado, aunque los objetivos específicos aún no han sido revelados.
El núcleo del conflicto reside en la interpretación del acuerdo de alto el fuego. Mientras que el pacto estipula que Irán debe garantizar el paso seguro de los buques comerciales —una concesión clave para Estados Unidos dado que por allí transita una quinta parte del suministro mundial de hidrocarburos—, Teherán no está dispuesta a renunciar al control operativo de la vía. Una cláusula ambigua del acuerdo menciona que Irán y Omán colaborarían para definir la administración futura de la vía marítima, lo que ha permitido a Irán reclamar un papel formal en su gestión.
Para implementar este control, Irán ha creado la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA), la cual ha emitido normativas que obligan a los buques a completar formularios de autorización vía correo electrónico para obtener una “Garantía de Paso Seguro”, que incluye un seguro. Sin embargo, intentos de contacto con la PGSA han resultado fallidos, ya que los correos electrónicos enviados han sido devueltos.
Actualmente, existen tres rutas distintas y competitivas en el corredor de 34 kilómetros de ancho: una ruta meridional en aguas de Omán, un paso central utilizado antes del conflicto y una ruta norte controlada directamente por Irán. Esta fragmentación ha generado una confusión crítica para los operadores navieros. Dimitris Maniatis, director ejecutivo de la consultora Marisks, describió el entorno actual como “extremadamente peligroso”, señalando que la falta de claridad dificulta que el comercio retorne a los niveles previos a la guerra.
Los armadores se enfrentan a un dilema estratégico y financiero. Quienes eligen rutas no aprobadas por Irán se exponen a ataques directos. Por otro lado, quienes acceden a las exigencias de la Guardia Revolucionaria y utilizan la ruta iraní temen incurrir en sanciones occidentales. Maniatis explicó que existe una gran desconfianza hacia la administración estadounidense, que ha advertido que cualquier pago de peaje al régimen iraní podría ser motivo de sanciones. Aunque Irán ha declarado que no impondrá peajes inmediatos, planea cobrar tarifas por servicios marítimos y un nuevo impuesto ambiental, medida que ha generado recelo entre los aliados árabes de EE. UU.
Las consecuencias humanas y económicas ya son visibles. La Organización Marítima Internacional (OMI) suspendió una evacuación humanitaria que coordinaba el traslado de más de 500 buques mercantes y 11.000 marineros atrapados en el Golfo Pérsico. Además, las primas de seguros se mantienen elevadas; en el pico del conflicto, los armadores llegaron a pagar más de un millón de dólares por cada petrolero de gran tamaño (VLCC).
Matthew Wright, analista de Kpler, advirtió que el mundo se encuentra en un alto el fuego temporal de 60 días y no en una reapertura garantizada del estrecho. Según Wright, si los desacuerdos no se resuelven a mediados de agosto, el tránsito por las tres rutas podría volverse aún más caótico y peligroso, subrayando la profunda brecha entre los discursos diplomáticos y la realidad operativa en el mar.
