El exsecretario de Transporte de los Estados Unidos y exaspirante a la presidencia, Pete Buttigieg, ha hecho pública una grave situación personal y legal que afectó directamente a su núcleo familiar. A través de un artículo publicado en la plataforma Substack, el político demócrata denunció haber sido víctima de una denuncia anónima falsa por presunto abuso, la cual derivó en la separación temporal de sus dos hijos mellizos de cuatro años.
Los hechos, detallados por el propio Buttigieg, describen un episodio traumático en el que él y su marido se vieron obligados a pasar un periodo de 24 horas separados de sus hijos. Esta medida fue implementada tras recibirse un reporte anónimo en los servicios sociales, el cual alegaba situaciones de maltrato. Siguiendo los protocolos establecidos para estos casos, la Policía estatal de Míchigan y los servicios de protección de menores intervinieron en el hogar del político para trasladar a los menores a la casa de sus abuelos, donde fueron interrogados por separado.
La resolución del caso llegó una vez que las autoridades completaron una entrevista forense con los niños y realizaron las investigaciones pertinentes. Tanto la Policía estatal de Míchigan como los servicios de protección de menores determinaron que la denuncia anónima era completamente falsa, procediendo así a reintegrar a los menores con sus padres.
En su relato, Buttigieg calificó este incidente como «lo más feo» que le ha sucedido a lo largo de toda su trayectoria en el servicio público. El político vinculó la aparición de esta denuncia malintencionada con el calendario de publicaciones en sus redes sociales, asegurando que el ataque ocurrió justo después de que compartiera fotografías con su familia con motivo del Día del Padre y durante las celebraciones del Orgullo LGTBI.
Sobre la naturaleza de la falsa acusación, Buttigieg explicó que la persona que realizó la denuncia anónima afirmó haber hablado con una mujer. Según el reporte, esta mujer aseguraba haber conocido a Buttigieg hace años y le habría relatado la existencia de «actos de violencia inimaginables», sugiriendo que, debido a estos antecedentes, los niños se encontraban en peligro. Estas afirmaciones fueron las que desencadenaron la movilización de los servicios sociales y la policía.
Actualmente, las autoridades no solo han desestimado los cargos, sino que han iniciado una línea de investigación para identificar al autor de la denuncia. La Policía estatal de Míchigan y los servicios de protección de menores trabajan coordinadamente para dar con el responsable de este ataque.
Según las declaraciones del político demócrata, la policía considera que esta falsa acusación no fue un error, sino que tiene motivaciones políticas claras. Por este motivo, el caso ha sido trasladado a la Fiscalía del estado, organismo que se encargará de investigar la responsabilidad penal de quien haya orquestado la denuncia falsa.
Este incidente pone de relieve la vulnerabilidad de las figuras públicas ante el uso malintencionado de los sistemas de protección infantil, que, aunque diseñados para salvar vidas, pueden ser instrumentalizados para ejercer ataques personales y políticos. El caso se encuentra ahora en manos de la justicia estatal para determinar las consecuencias legales para el denunciante.
