Luis Arce, expresidente de Bolivia, quien se encuentra en situación de prisión preventiva desde el pasado mes de diciembre bajo cargos de desvío de fondos durante su gestión como ministro de Economía, ha emitido un comunicado oficial para rechazar categóricamente cualquier implicación en gestiones judiciales irregulares. El exmandatario niega haber tratado con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero "ningún litigio judicial" relacionado con la empresa peruana Grupo Gloria.
Esta respuesta surge tras la difusión de un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española. Según el documento, Rodríguez Zapatero habría recibido la suma de 200.000 euros entre los años 2024 y 2025 como una "contraprestación económica" proveniente del conglomerado peruano. El objetivo de dicho pago habría sido mediar ante la administración boliviana para favorecer la resolución de causas judiciales que la empresa mantenía abiertas en dicho país.
En su comunicado, Luis Arce ha sido enfático al negar estar involucrado en cualquier tipo de tráfico de influencias que pudiera haber beneficiado a la Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE), filial del Grupo Gloria con sede en Bolivia, o a cualquier otra entidad privada. El expresidente aclaró que su relación con el exlíder socialista español se ha limitado estrictamente al ámbito institucional y político.
Arce detalló que las conversaciones más recientes que mantuvo con Zapatero se produjeron en el contexto de los esfuerzos del Grupo de Puebla para mediar en la crisis interna del Movimiento al Socialismo (MAS) de cara a las elecciones de 2025. Específicamente, recordó que en el encuentro sostenido en La Paz durante 2024, los temas abordados fueron la coyuntura política boliviana, las posturas intransigentes del expresidente Evo Morales y la propuesta de unidad del movimiento popular, buscando priorizar los intereses del pueblo sobre intereses políticos personales. El exmandatario insistió en que en dicha reunión no se mencionó ningún litigio judicial de SOBOCE y manifestó desconocer la agenda que Zapatero haya desarrollado en Sucre, la capital boliviana.
Por su parte, la investigación de la UDEF, remitida al juez de la Audiencia Nacional encargado del caso Plus Ultra, se basa en conversaciones interceptadas entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar. En una de estas comunicaciones, el exmandatario español mencionaba la necesidad de "hablar con el presidente de Bolivia", refiriéndose a Arce. Según los investigadores, el pago de los 200.000 euros se encubrió mediante un contrato simulado de "prestación de servicios de asesoría" con una sociedad interpuesta denominada Focus Social Research. La tesis de la investigación sostiene que Zapatero gestionó reuniones entre directivos del Grupo Gloria y autoridades bolivianas para beneficiar los intereses de la empresa peruana.
El conflicto judicial central afecta a SOBOCE debido a una demanda de competencia desleal interpuesta por la Fábrica Nacional de Cementos (FANCESA). Ante esto, Arce argumentó que la controversia entre el Estado boliviano y el Grupo Gloria no se originó bajo su mandato. Recordó que en noviembre de 2023, la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) emitió un laudo declarándose sin jurisdicción para conocer una reclamación de 269,4 millones de dólares, al determinar que SOBOCE es una empresa local boliviana y no un inversionista extranjero según el tratado bilateral Perú-Bolivia.
A pesar de este fallo, Arce reconoció que el conflicto sigue abierto en lo referente a la compensación por la expropiación de acciones de FANCESA y que debe resolverse por las vías legales. Como prueba de que su gobierno no favoreció a la empresa, el expresidente señaló que Ricardo Condori Tola, exprocurador general del Estado, impugnó públicamente una resolución del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que favorecía a SOBOCE en 2025. Arce sostuvo que, si su administración hubiera intervenido en dicho fallo, la Procuraduría no habría combatido la resolución con una posición tan clara.
Finalmente, Arce aclaró que Carmen Almendras, mencionada como intermediaria en la investigación española, fue embajadora de Bolivia en España durante los gobiernos de Evo Morales y no formó parte de su equipo de gobierno, habiendo trabajado en la gobernación de Chuquisaca. El expresidente concluyó exigiendo una investigación imparcial y objetiva que respete la presunción de inocencia, manifestando su total disposición a colaborar con las autoridades judiciales y reiterando que no tiene nada que ocultar.
