La seguridad se ha consolidado como uno de los ejes centrales de la agenda legislativa en los últimos años. Durante el periodo parlamentario anterior, el Congreso fue el escenario de un intenso flujo de iniciativas, sumando más de 70 proyectos destinados a combatir la criminalidad y mejorar la protección ciudadana, impulsados tanto por el gobierno del Presidente Gabriel Boric como por los propios legisladores.
Sin embargo, a pesar de este volumen de actividad, una parte crítica de dicha agenda se encuentra actualmente en un estado de estancamiento. Cuatro proyectos de ley fundamentales, que ya habían sido discutidos y votados con resultados divergentes entre la Cámara de Diputados y el Senado, han quedado rezagados en la instancia de comisión mixta. Según los registros oficiales de tramitación de ambas cámaras, no se han registrado avances ni movimientos significativos en estas instancias, llegando incluso a existir proyectos que esperan ser discutidos en este tercer trámite desde hace más de un año.
Uno de los casos más emblemáticos y urgentes es el proyecto que busca establecer las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). Esta iniciativa ha vuelto al centro del debate público tras el trágico fallecimiento de un niño de 12 años, quien murió luego de que su familia fuera víctima de una encerrona en la comuna de San Bernardo. Este hecho ha provocado que sectores tanto del oficialismo como de la oposición exijan la presencia de militares en las calles para reforzar la seguridad. No obstante, el Ejecutivo ha rechazado estas peticiones basándose precisamente en la actual falta de regulación del trabajo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), una laguna legal que el proyecto de las RUF pretende resolver.
La iniciativa de las RUF ingresó al Congreso en abril de 2023 y pasó a comisión mixta en mayo de 2025, manteniéndose desde entonces sin progressos. El punto neurálgico de la discrepancia que debe resolver la comisión es la propuesta de que las causas que involucren a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden sean resueltas a través de la justicia militar.
La razón detrás de la parálisis de este y otros proyectos radica en que las comisiones mixtas ni siquiera se han conformado, debido a la falta de designación de los integrantes que deben representar a la Cámara de Diputados. Diversas fuentes del Congreso han señalado al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), como el principal responsable de este retraso.
Esta situación llevó a que, a comienzos de junio, la mesa del Senado, liderada por la senadora Paulina Nuñez (RN), oficiara formalmente a la Cámara de Diputados solicitando la designación de los diputados necesarios para destrabar normativas clave, incluidas las RUF. Por su parte, el Senado ya había cumplido con la designación de sus representantes el año pasado.
Ante las críticas, el diputado Alessandri defendió su gestión explicando que la mesa de la Cámara debía primero definir el criterio de constitución de las mixtas para el periodo de cuatro años, criterio que fue aprobado el miércoles pasado en una reunión de comités. Según Alessandri, la responsabilidad ahora recae en cada partido político, que debe designar a la persona específica de su bancada para ocupar el cupo correspondiente y citar la primera reunión.
El impacto de esta demora no se limita a las RUF. Otros temas críticos en tercer trámite están igualmente detenidos, como el proyecto que propone aumentar el periodo de flagrancia de 12 a 24 horas, iniciativa que ingresó en diciembre de 2023 y pasó a mixta en abril de este año. De igual forma, se encuentra paralizado el proyecto que exige la exhibición de documentos de identificación en viajes de transporte terrestre, el cual ingresó en 2024 y pasó a comisión mixta en abril.
Finalmente, se encuentra el proyecto del Subsistema de Inteligencia Económica, en trámite desde 2023. Esta norma llegó al tercer trámite tras ser rechazada por el Senado, debido a una pugna entre oficialismo y oposición respecto a la facilidad para levantar el secreto bancario sin control judicial.
La crisis de las comisiones mixtas también ha generado fuertes reparos en La Moneda y entre parlamentarios. La diputada Gloria Naveillán (Libertaria) calificó la situación como "una vergüenza" y señaló que el Gobierno debe asumir su rol, ya que es el Ejecutivo quien define las urgencias legislativas. Según Naveillán, si el Gobierno otorgara "discusión inmediata", la comisión mixta tendría que constituirse obligatoriamente.
En sintonía con la crítica, el diputado Jaime Araya (ind.-PPD) se refirió específicamente al Subsistema de Inteligencia Económica, afirmando que el gobierno y sus parlamentarios "le tienen terror" al levantamiento del secreto bancario, herramienta que considera fundamental para combatir la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, subrayando que dicha medida cuenta con un 83% de apoyo ciudadano.
