José Luis Ábalos, exministro de Transportes y antiguo número tres del PSOE, ha anunciado formalmente su intención de solicitar la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. La resolución judicial ha condenado al exdirigente socialista a una pena de 24 años y tres meses de prisión, tras ser hallado culpable de diversos delitos graves cometidos en el marco del denominado "caso mascarillas", entre los que destacan la organización criminal, el cohecho, la malversación de fondos y el tráfico de influencias.
El anuncio ha sido difundido a través de la red social X, cuya cuenta es gestionada actualmente por su hijo, Víctor Ábalos, debido a que el exministro se encuentra recluido en la prisión de Soto del Real desde noviembre de 2025. En sus declaraciones, Ábalos ha manifestado una dura crítica hacia el proceso judicial, asegurando que su condena estaba "predeterminada" desde los primeros momentos en que se inició la investigación, lo que sugiere una falta de imparcialidad en el camino hacia el veredicto final.
Uno de los puntos centrales de la argumentación del exministro es la supuesta vulneración de derechos fundamentales. Ábalos ha expresado su "contrariedad" ante lo que considera una desprotección del principio de presunción de inocencia por parte del Tribunal Supremo. Según el exministro, la Justicia ha optado por "premiar a un coimputado delator sin corroboraciones", refiriéndose directamente a la situación procesal de Víctor de Aldama.
Ábalos ha calificado este giro en la aplicación de la ley como un "cambio de doctrina jurisprudencial" que representa un "retroceso de derechos grave en la historia de la democracia". Para el exministro, el hecho de que el testimonio de un colaborador sea el pilar de una condena tan severa, sin que existan pruebas corroborativas sólidas, pone en riesgo las garantías judiciales básicas.
En cuanto a la magnitud de la pena, el exministro ha confesado sentirse "decepcionado" con la decisión del Tribunal Supremo. Si bien admitió haber tenido la intuición de que el proceso terminaría en una condena, subrayó que no esperaba penas "tan abultadas". En sus palabras, el rigor de la sentencia es tal que cree que ha llamado la atención incluso de aquellos sectores que pudieran tener "inquina" contra él y que desearan que se le impusiera la máxima sanción posible.
El foco de la indignación de Ábalos se centra especialmente en el contraste entre su situación y la de Víctor de Aldama, el comisionista definido en la sentencia como el corruptor de la trama. A pesar de haber sido condenado a cuatro años y medio de prisión, Aldama no ingresará en el centro penitenciario debido a la anulación de su condena como recompensa por la información aportada a la investigación judicial. Además, Ábalos denuncia que Aldama no tendrá que devolver los 3,7 millones de euros que percibió en concepto de comisiones.
El exministro de Transportes sostiene que la colaboración de Aldama ha sido selectiva y motivada por intereses personales. Según Ábalos, el empresario no ha delatado a ninguna persona que no tuviera un cargo político, lo que, a su juicio, dota al proceso de "implicaciones políticas muy claras". Ábalos acusa frontalmente a Aldama de haber confesado únicamente para "alcanzar la impunidad", no solo en el caso de las mascarillas, sino también en otras causas que podrían surgir en el futuro, haciendo referencia explícita al caso de los hidrocarburos.
Con esta solicitud de nulidad, José Luis Ábalos busca revertir una de las condenas más severas contra un exmiembro del Gobierno en los últimos tiempos, basando su defensa en la irregularidad del sistema de premios a delatores y en la desproporción de la pena impuesta frente a la situación del presunto corruptor de la trama.
