La agenda legislativa para las próximas dos jornadas de trabajo se presenta con una carga normativa considerable, centrando la actividad parlamentaria en la revisión, el análisis y la votación de diversos proyectos de ley que abarcan desde la política fiscal hasta la salud pública y la seguridad nacional. Los diputados se enfrentan a un calendario denso en el que se prioriza el debate de normativas que regresan a la mesa para su aprobación final.
En el primer bloque de la sesión, el foco se situará sobre el ámbito económico y financiero. Entre las normativas que vuelven al debate para su aprobación definitiva se encuentra el proyecto de ley relativo al Código del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, una pieza clave para la estructura tributaria. Junto a esta propuesta, los legisladores analizarán el proyecto sobre el régimen jurídico de la supervisión de las auditorías externas de las entidades de interés público, norma orientada a regular el control y la transparencia de dichas auditorías. Asimismo, se integrará en este análisis el proyecto que busca establecer el marco jurídico del crowdfunding, con el fin de dotar de seguridad legal a esta modalidad de financiamiento colectivo.
Paralelamente, el cuerpo de diputados dedicará parte de su tiempo a considerar propuestas de ley que modifican marcos regulatorios ya existentes. Una de las más relevantes es la propuesta de modificación de la Ley 5/20, del 27 de enero, la cual tiene como objetivo fortalecer la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta revisión normativa busca adaptar la ley vigente a los desafíos actuales en materia de seguridad y control financiero.
En el ámbito de la salud y el bienestar social, el programa de la sesión contempla la consideración de la ley que regula la respuesta integral al VIH. Este proyecto busca organizar y formalizar la estrategia de respuesta del Estado frente a esta condición, integrando diversas medidas de gestión sanitaria y social.
Además de las propuestas mencionadas, la sesión contempla una fase de análisis y votación inicial sobre proyectos que modifican leyes ya en vigor. En este grupo se incluye la normativa que aborda la protección de datos personales, un tema crítico en la era digital. Del mismo modo, se someterá a votación la modificación de la ley que regula el financiamiento de los partidos políticos, así como la normativa referente a la designación y ejecución de actos jurídicos internacionales.
El calendario de trabajo para estas dos jornadas no se agota con las votaciones iniciales. Los parlamentarios deberán dedicar tiempo al estudio de la propuesta de ley sobre identificación civil y penal, un instrumento esencial para la gestión de la identidad y los procesos judiciales. Al mismo tiempo, se revisarán diversos proyectos de resolución que tocan áreas heterogéneas, tales como la ratificación de acuerdos internacionales y la regulación de los procesos de adopciones.
Un punto neurálgico de la agenda será la evaluación del informe de balance de la ejecución del presupuesto general del Estado. En concreto, los legisladores analizarán los datos correspondientes al cuarto trimestre del año 2025, permitiendo así un balance detallado sobre el uso de los recursos públicos al cierre de dicho periodo.
Finalmente, el orden del día se completará con el tratamiento de diversos asuntos internos que serán discutidos y resueltos durante el transcurso de estas dos jornadas. La sesión se perfila así como un espacio de intensa actividad legislativa donde se cruzan intereses fiscales, de seguridad ciudadana y de gestión administrativa.
