En una jornada legislativa marcada por la tensión política, la Asamblea General de Carolina del Norte convirtió en ley el pasado miércoles 24 de junio diversas iniciativas impulsadas por la mayoría republicana. Estas medidas fueron aprobadas luego de que los legisladores lograran anular los vetos previamente impuestos por el gobernador demócrata Josh Stein. La sesión se desarrolló en un contexto particular, resaltando la ausencia de dos legisladores en la Cámara de Representantes estatal, lo cual no impidió que el bloque republicano alcanzara los objetivos propuestos.
Para lograr la anulación de los vetos del ejecutivo, los republicanos consiguieron reunir la mayoría de tres quintos requerida por la normativa vigente. Este respaldo legislativo permitió que los proyectos avanzaran hacia su aprobación definitiva, centrándose principalmente en dos ejes críticos: la implementación de políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en diversas esferas del Estado y la regulación de la cooperación en materia de inmigración.
En el ámbito educativo, el impacto de estas decisiones es significativo. El Senate Bill 227 se ha convertido en ley, prohibiendo estrictamente que los sistemas de educación pública K-12 promuevan programas de DEI. Además, esta legislación veta la enseñanza de lo que se ha denominado como «conceptos divisivos» dentro de las aulas. El alcance de la norma no se limita únicamente al currículo escolar, sino que impide la creación de oficinas dedicadas específicamente a la diversidad, la equidad y la inclusión dentro de los distritos escolares, restringiendo asimismo la incorporación de estos temas en la capacitación del personal docente y administrativo.
La ofensiva contra las políticas de DEI se extiende también a la educación superior. Una medida adicional, aprobada mediante el mismo proceso de anulación de veto, elimina los programas y las oficinas de DEI en las universidades públicas del estado. Esta ley pone límites a la enseñanza de conceptos que relacionen privilegios o valores atribuidos a una persona basándose en motivos de raza o sexo, buscando modificar la manera en que se abordan estas temáticas en el entorno académico universitario.
Respecto a la justificación de estas medidas, los líderes republicanos han defendido firmemente las iniciativas. Según sus argumentos, el objetivo primordial es garantizar que todas las decisiones gubernamentales y educativas se basen estrictamente en el mérito individual, eliminando cualquier criterio relacionado con la raza o el género que pueda influir en los procesos de selección o enseñanza. Por el contrario, el gobernador Josh Stein ha manifestado su rechazo, sosteniendo que estas leyes restringen la diversidad de perspectivas y afectan directamente la libertad académica en el estado.
Paralelamente a las reformas educativas, la Asamblea General anuló el veto a la denominada North Carolina Border Protection Act. Esta ley de protección fronteriza exige que las agencias estatales de seguridad colaboren estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La normativa establece que dicha colaboración debe formalizarse mediante acuerdos de cooperación. Asimismo, ordena a las autoridades competentes verificar el estatus migratorio de las personas que se encuentren bajo custodia y notificar a ICE en los casos que correspondan.
Esta medida ha generado fuertes críticas por parte del sector demócrata. Los legisladores de este partido advirtieron que la implementación de esta ley podría reducir considerablemente la confianza de las comunidades inmigrantes en las fuerzas del orden, dificultando la denuncia de delitos o la solicitud de ayuda. Además, señalaron que la obligación de verificar estatus y notificar a ICE aumentaría la carga de trabajo operativa de las agencias policiales locales, desviando recursos de otras prioridades de seguridad.
El ciclo de reformas no ha terminado. Una cuarta iniciativa, identificada como House Bill 171, busca restringir el uso de políticas de DEI en las agencias estatales. Esta propuesta es particularmente rigurosa, ya que contempla la aplicación de sanciones para aquellos funcionarios que incumplan la ley. No obstante, esta medida aún no ha entrado en vigor, ya que requiere una votación final en el Senado para completar su proceso legislativo.
Al cierre de la sesión, el gobernador Stein expresó su descontento no solo por el contenido de las leyes, sino por la gestión de las prioridades de la legislatura. El mandatario criticó que se haya dado prioridad a estas iniciativas mientras siguen pendientes asuntos críticos para el funcionamiento del estado, tales como la aprobación del nuevo presupuesto estatal y los incrementos salariales destinados a los maestros y a los agentes del orden público.
