Una grave crisis humanitaria se ha desatado en Venezuela tras la ocurrencia de dos potentes sismos que han dejado un saldo preliminar de al menos 164 personas fallecidas y 971 heridos, según informó la presidenta encargada del país. Los fuertes temblores, uno de los cuales alcanzó una magnitud de 7,1, sacudieron con especial intensidad la ciudad de Caracas y diversas zonas del centro del territorio venezolano, provocando el derrumbe de múltiples edificios y viviendas, lo que ha generado una situación de emergencia en la capital y sus alrededores.
Ante la magnitud del evento, las autoridades han hecho un llamado urgente a la calma y han instado a la población a mantenerse en resguardo para evitar nuevas víctimas ante la posibilidad de réplicas. La intensidad del sismo no solo afectó el territorio continental venezolano, sino que extendió la alerta hacia el Caribe, provocando la activación de una alerta de tsunami en la costa sur de la República Dominicana como medida preventiva ante la energía liberada por el movimiento telúrico en Venezuela.
Paralelamente a estos eventos naturales, en la República Dominicana se ha puesto sobre la mesa el debate sobre la vulnerabilidad de las naciones ante los fenómenos extremos. En el marco de la Primera Semana Nacional de Financiamiento Climático, celebrada en Santo Domingo, la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, advirtió que el cambio climático representa hoy uno de los desafíos económicos y fiscales más críticos para el país. El evento, que cuenta con la participación de actores del sector público, privado, financiero y de la cooperación internacional, fue encabezado en su apertura por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, y se extenderá hasta el próximo viernes.
Durante su intervención, la viceministra Martínez subrayó que el calentamiento global ha dejado de ser un tema exclusivamente ambiental para convertirse en un problema económico y fiscal. Esta perspectiva es especialmente relevante para países insulares como la República Dominicana, los cuales presentan una alta vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos extremos. Según la funcionaria, estos eventos generan costos crecientes que impactan directamente en la infraestructura, la producción, los servicios y, en última instancia, las finanzas públicas, afectando el ritmo del desarrollo económico nacional.
Martínez fue enfática al señalar que no es posible alcanzar un progreso sostenible si no se integran políticas de mitigación y adaptación climática dentro de la planificación económica del país. En sus palabras, el objetivo no es únicamente la protección de los ecosistemas, sino la salvaguarda del crecimiento económico, la competitividad del Estado y el bienestar general de la población.
Para enfrentar este escenario, el Ministerio de Hacienda y Economía está trabajando en la incorporación de la acción climática dentro de la gestión fiscal del Estado, buscando fortalecer la resiliencia económica del país. La funcionaria detalló que se avanza en la creación de una arquitectura financiera orientada a la sostenibilidad, la cual incluye la definición de metas climáticas, el establecimiento de una taxonomía verde nacional y el diseño de un marco de financiamiento que sea viable a largo plazo.
En este contexto, la viceministra recordó la emisión del primer bono verde soberano de la República Dominicana, calificando este hecho como un hito dentro de la estrategia de movilización de recursos responsables. No obstante, advirtió que para mantener la confianza de los inversionistas es fundamental garantizar la transparencia y poseer la capacidad de demostrar resultados tangibles.
Finalmente, Martínez reconoció que las necesidades de inversión para la adaptación y mitigación climática superan la capacidad de los presupuestos nacionales. Por esta razón, consideró indispensable la participación activa del sector privado y de los organismos multilaterales. El rol del Estado, según indicó, debe centrarse en definir prioridades, fortalecer las capacidades institucionales y estructurar proyectos atractivos para el financiamiento adicional. La funcionaria concluyó que cada peso invertido eficientemente debe generar un mayor impacto en el desarrollo sostenible y la resiliencia económica, subrayando el reto de coordinar las políticas climáticas, fiscales y financieras para garantizar la estabilidad macroeconómica a largo plazo.
