En un esfuerzo coordinado por salvaguardar los derechos fundamentales de las personas bajo custodia del Estado, la Defensoría del Pueblo de Panamá, actuando en su capacidad legal y técnica como el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT), llevó a cabo una exhaustiva visita de seguimiento a los centros de detención administrativa del Servicio Nacional de Migración. Esta intervención se centró específicamente en las instalaciones destinadas a la población masculina y femenina, con el propósito primordial de evaluar minuciosamente las condiciones de vida y permanencia de las personas retenidas en dichos recintos.
La jornada de supervisión estuvo liderada por la Defensora del Pueblo, Ángela Russo, quien encabezó la delegación institucional. Para asegurar un análisis integral y multidisciplinario, la funcionaria estuvo acompañada por equipos especializados provenientes de la Dirección del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y de la Dirección de Relaciones Internacionales de la institución. La presencia de estas diversas áreas permitió abordar la problemática desde una perspectiva tanto técnica como normativa, asegurando que cada aspecto de la detención administrativa sea analizado bajo los estándares internacionales de derechos humanos.
Uno de los objetivos centrales de esta visita fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en inspecciones previas. La Defensoría del Pueblo busca garantizar que las observaciones realizadas anteriormente no hayan quedado únicamente en el papel, sino que se hayan traducido en mejoras tangibles para los retenidos. Durante el recorrido, los inspectores revisaron detalladamente las condiciones materiales de los centros, analizando el estado de la infraestructura y la adecuación de los espacios para el alojamiento de los migrantes.
Además de la infraestructura, la inspección puso especial énfasis en el acceso a los servicios básicos, elemento crítico para garantizar la dignidad humana. Se evaluó la disponibilidad y calidad de los suministros esenciales, así como las actividades disponibles para las personas retenidas, buscando determinar si existen programas que mitiguen el impacto psicológico y físico de la detención administrativa. Asimismo, se realizó una revisión exhaustiva sobre el respeto al debido proceso, asegurando que cada persona bajo custodia tenga acceso a las garantías legales correspondientes.
Estas acciones se enmarcan en una estrategia preventiva diseñada para identificar y evitar cualquier situación que pudiera derivar en torturas o malos tratos hacia la población migrante. El MNPT reconoce que los centros de detención son entornos de vulnerabilidad, por lo que la vigilancia constante es la herramienta más efectiva para prevenir abusos de poder o negligencias administrativas que vulneren la integridad física y mental de los individuos.
La importancia de esta jornada se vio reforzada por el acompañamiento técnico de oficiales de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). La participación de estos organismos internacionales otorgó un nivel adicional de validación técnica al recorrido, permitiendo que la inspección se alineara con los protocolos globales de monitoreo de centros de detención.
Para obtener datos precisos y sistematizados sobre la experiencia de los retenidos, la Defensoría del Pueblo implementó una herramienta regional de monitoreo desarrollada por la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO). Esta herramienta fue aplicada directamente a las personas migrantes en ambos centros, permitiendo recopilar testimonios y datos concretos sobre sus condiciones reales y las experiencias vividas durante su tiempo de detención administrativa. El uso de este instrumento estandarizado permite comparar los hallazgos con otros contextos regionales y elevar la calidad del diagnóstico final.
Como resultado directo de esta inspección, la Defensoría del Pueblo procederá a la elaboración de un informe técnico detallado. Este documento será remitido formalmente a las autoridades competentes y contendrá los principales hallazgos identificados durante la visita, así como un conjunto de recomendaciones orientadas a fortalecer la protección de los derechos humanos de los migrantes.
Finalmente, la institución reiteró que estas acciones forman parte intrínseca de su mandato legal y ético. La misión de prevenir la tortura y los malos tratos es una prioridad absoluta, orientada a garantizar que el respeto a la dignidad, la integridad y el debido proceso sea una realidad para todas las personas bajo custodia del Estado panameño, sin importar su condición migratoria o nacionalidad.
