El escenario político en Bolivia se ha tensado tras las declaraciones del diputado Carlos Alarcón, integrante de la alianza Unidad, quien ha lanzado duras críticas contra el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, y el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. El legislador cuestionó el desempeño de ambas autoridades durante los conflictos sociales que se extendieron por más de 50 días, asegurando que sus actuaciones estuvieron lejos de ser imparciales.
Según las declaraciones brindadas a Urgente.bo, Alarcón sostiene que tanto el Fiscal General como el Defensor del Pueblo han intentado, de manera sutil y disimulada, favorecer la "violencia criminal" desplegada por los dirigentes y los ejecutores de los bloqueos. Para el diputado, la gestión de estas figuras estatales durante la crisis demostró una falta de independencia, sugiriendo que sus acciones no estuvieron alineadas con el deber de neutralidad que sus cargos exigen.
Uno de los puntos centrales de la crítica de Alarcón se dirige hacia Roger Mariaca. El legislador cuestionó específicamente la decisión del Fiscal General de participar en calidad de "garante" en los procesos de diálogo impulsados entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB). Desde la perspectiva de Alarcón, el Fiscal General debió priorizar la aplicación rigurosa de la ley frente a los hechos de violencia que acompañaron las movilizaciones. El diputado enfatizó que existieron actos de vandalismo y terrorismo, particularmente en ciudades como La Paz y El Alto, así como en otras regiones del país, que debieron ser procesados legalmente en lugar de ser gestionados a través de mesas de diálogo.
En este contexto, el diputado Alarcón denunció públicamente que se encuentra siendo víctima de una "represalia" orquestada por el Fiscal General del Estado. Esta acusación surge después de que el legislador manifestara sus cuestionamientos hacia Mariaca. Alarcón informó haber recibido una citación oficial por parte de la Fiscalía de Sucre, donde se le requiere declarar en calidad de testigo dentro de un proceso relacionado con presuntos delitos internos del propio Ministerio Público. El legislador fue enfático al señalar que considera esta citación como un claro intento de "intimidación" derivado de su postura crítica.
Paralelamente, el diputado dirigió fuertes cuestionamientos hacia el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. Alarcón afirmó que Callisaya no actuó como un defensor de la ciudadanía, sino como un "defensor del MAS". El legislador criticó que, en lugar de exigir el levantamiento inmediato de los bloqueos para restablecer la normalidad, el Defensor del Pueblo se enfocó en la creación de corredores humanitarios y en lo que denominó "dialoguitis" y "cuartos intermedios". Para Alarcón, estas medidas fueron insuficientes y dilatorias, permitiendo que el estado de desastre económico y humanitario creciera día tras día mientras se priorizaba la protección de los bloqueadores por encima de los derechos humanos de millones de ciudadanos afectados.
La postura de Alarcón encontró eco y matices en otros legisladores. Ricardo Rada, diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), coincidió en que se esperaba un papel mucho más protagónico por parte del Fiscal General, Roger Mariaca. Rada señaló que, como responsable de llevar a los delincuentes ante la justicia e imputarlos, Mariaca debió jugar un rol más activo desde el inicio. No obstante, el diputado del PDC matizó que aún existe la posibilidad de que el Ministerio Público cumpla con las expectativas ciudadanas dependiendo del desenlace del conflicto y de las detenciones que se efectúen. Respecto a la Defensoría del Pueblo, Rada calificó a la institución como "parcializada" y sugirió que es necesario analizar mecanismos para cambiarla.
Por su parte, el diputado Rafael López, representante de Libre, ofreció una visión distinta sobre el Fiscal General, afirmando que Mariaca sí cumplió con su labor. Sin embargo, coincidió plenamente en las críticas hacia Pedro Callisaya. López sostuvo que el Defensor del Pueblo no cumplió con su función institucional y que, en la práctica, se dedicó a defender a delincuentes. Ante esta situación, el legislador de Libre fue tajante al proponer que la Defensoría del Pueblo debería ser refundada.
